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La Plataforma ciudadana para el desmantelamiento de la central de Sant Joan de Déu y contra la entrada del gasoducto por la zona de es Carnatge anunció ayer que radicalizará sus movilizaciones para evitar la que denominan «creciente degradación del Coll d'en Rabassa. De esta forma, y a través de su portavoz Bartomeu Rosselló, la plataforma anunció que el 23 de marzo, a las 11'00 horas en la calle Cardenal Rossell, celebrarán una «cacerolada» que se repetirá cada 15 días hasta que las autoridades atiendan sus peticiones. Asimismo está previsto realizar algún tipo de acto, todavía por definir, durante el encuentro que los ministros europeos de Medio Ambiente celebrarán en la Isla durante el mes de mayo «con objeto de que nuestras demandas tengan más repercusión».

Los integrantes de la plataforma mostraron su malestar por no haber sido recibidos por ninguna autoridad y recordaron que la zona «es la más olvidada y degradada de toda la Isla con la presión de la central, del aeropuerto, depósitos de CLH y demás instalaciones». En este sentido la plataforma felicitó al Govern balear por haber conseguido la financiación para las obras y recordó que ellos no están en contra del gasoducto, «sino de la entrada en una zona, es Carnatge, clasificada como área natural y con yacimientos fósiles de especial interés. La falta de información del proyecto también fue muy criticada por los portavoces de vecinos y organizaciones ya que consideran que «se está jugando con la seguridad de muchas personas».

Tanto es así que, aseguraron, más del 80 por ciento de los casos de infecciones respiratorias de Mallorca se detectan en la zona de el Coll d'en Rabassa y las ventas de productos farmacéuticos específicos también se han disparado. La oposición «radical» a la entrada del gasoducto en es Carnatge no es «destructiva», ya que los demandantes han defendido reiteradamente que se estudie la posibilidad de instalarla en la zona del Dique del Oeste «donde no existe población ni áreas protegidas».

Por otra parte, la plataforma asume que las Islas cada vez necesitan más recursos energéticos para hacer frente a la creciente demanda, pero recuerdan las promesas electorales en las que se asegura que la central de Sant Joan de Déu sería desmantelada y exigen su cumplimiento «ya que no estamos dispuestos a que se juegue con nuestra seguridad». Es por eso que se niegan a aceptar la instalación de turbinas nuevas, «aunque se nos asegure que sólo se usarán en caso de averías o puntas de demanda», señalan.