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JUAN MIGUEL LÓPEZ El Govern balear parece estar dispuesto a atender a la que es, según un estudio de calidad elaborado por la propia Conselleria d'Interior, la principal demanda de los ciudadanos con respecto a la Administración autonómica: La ampliación de horarios de las oficinas. El conseller d'Interior, Josep Maria Costa, fue el encargado ayer de presentar dicho informe y de anunciar que el Govern balear estudia la «necesidad imperativa» de abrir las oficinas por la tarde, atendiendo así a la principal petición de los usuarios de la Administración autonómica en Menorca, Eivissa y Formentera, donde más del 80 por ciento de los encuestados considera necesaria la ampliación de horarios.

Para ello, según Costa, el Govern balear planea la «adecuación» de parte del funcionariado a la ampliación de horarios. Una adecuación que afectaría a 50 de los 20.000 funcionarios de la CAIB. La medida, que según Costa no implicaría la contratación de personal por parte de la Administración ni coste adicional alguno, aún permanece en estudio por ser «un tema sensible para los funcionarios». El conseller d'Interior señaló asimismo que todo este planteamiento que baraja el Govern se enmarca dentro de un plan de renovación de la Administración autonómica que busca producir «un cambio sustancial de la estructura administrativa del Govern balear» que «debido a su complejidad, comenzará a percibirse en la próxima legislatura».

En este sentido, los resultados del informe presentado ayer por el conseller d'Interior, servirán para elaborar este Plan de Calidad o renovación de la Administración pública que promueve la Conselleria. El estudio presentado por Costa, que consta de tres tipos de encuestas, una para usuarios, otra para la población en general y una tercera para conocer el clima laboral que perciben los trabajadores de la Administración, evalúa el grado de satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios prestados por la Administración. Un informe que tiene como objetivos, según Costa, «la modernización de la Administración pública autonómica, la incorporación de medidas de control de los procesos administrativos y la descentralización» de dichos procesos, otra de las más importantes peticiones de los ciudadanos de Menorca y las Pitiusas.

Según la interpretación del sondeo de la Conselleria, la mayoría de los ciudadanos consultados perciben que la información que ofrece la Administración autonómica es «buena», si bien reclaman un mejor y más eficaz servicio que facilite las gestiones al usuario. El estudio refleja igualmente que el trato proporcionado por el personal de las oficinas es considerado «cordial y amable» por la mayoría de los usuarios (59'4%), mientras que la mayoría de la población lo considera «normal» (74'1%). Dentro de este apartado, es especialmente significativo que el 3'5% de los usuarios y el 11'4% de la población manifiesta que el personal no ha mostrado «ningún tipo de interés».

Sobre el nivel de satisfacción en torno al lenguaje administrativo utilizado en los impresos, el estudio refleja que el 17'2% de la población y el 6'7% de los usuarios ha experimentado dificultades. Un 19 por ciento considera que el lenguaje administrativo es «poco claro» y un 26 por ciento lo considera «excesivo». Asimismo, el informe refleja que la mayoría de la población de Mallorca confunde los centros administrativos del Govern con sus ayuntamientos, mientras que en Menorca sucede lo mismo pero con las oficinas de los consells. Por otro lado, la encuesta sobre el clima laboral de los trabajadores de la CAIB muestra una falta de identificación de los funcionarios con la «cultura institucional» del Govern, así como el escaso valor que otorgan a la comunicación interdepartamental.

Elaboración de una «carta de derechos de los ciudadanos»
Dentro del Plan de Calidad que el Govern pretende para la Administración, el Ejecutivo balear tiene prevista la elaboración de una «carta de los derechos de los ciudadanos». Para ello, Costa anunció que se realizarán negociaciones con ayuntamientos, consells y asociaciones a partir del próximo miércoles con la intención de obtener una visión de las preocupaciones ciudadanas. Lloseta será la primera localidad. Costa explicó, además, que ésta no es la primera vez que se realiza esta experiencia, ya que la Diputación de Barcelona o el Gobierno de Castilla La Mancha han realizado con éxito este tipo de iniciativas.