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La pasada semana el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) remitió a la Fiscalía de Balears una docena de denuncias «por presunto delito urbanístico y ecológico contra las grandes empresas que tienen aparcamientos ilegales de coches de alquiler dentro del suelo rústico», según señaló ayer su presidente, Joan Rita.

El GOB afirma que estas instalaciones, que ocupan más de 350.000 metros cuadrados de suelo rústico, no cuentan con las pertinentes autorizaciones del Govern, el Consell de Mallorca o el Ajuntament de Palma, y añade que carecen de la declaración de interés general, así como de la licencia municipal de obra del aparcamiento y las oficinas, la licencia de actividad, la autorización de la Direcció General de Recursos Hídrics para el uso del agua o el vertido de las aguas residuales, y el informe de la Comissió Balear de Medi Ambient.

«El uso ilegal de estos terrenos ha provocado y provoca una radical transformación de la zona, pasando de tener características rurales a urbanas e industriales, lo cual implica, además de una infracción a la normativa vigente, una agresión paisajística de primer orden», añadió Rita. Los párkings se sitúan entre Can Pastilla y el aeropuerto de Son Sant Joan. Además, según el GOB, estos aparcamientos incumplen el Pla General d'Ordenació Urbanística de Palma, la Llei de Sòl Rústic, las Directrius d'Ordenació Territorial y la Llei de Disciplina Urbanística.

Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanisme del Ajuntament de Palma, Rafel Vidal, indicó ayer que a lo largo de los últimos meses su departamento ha mantenido distintas reuniones con las dos patronales del sector para intentar encontrar una solución a este problema. «Les pedimos que nos presentasen diversas propuestas y hace poco nos hicieron llegar una», destacó Vidal, para concluir: «Tras leer dicha propuesta les pedimos que introdujeran ciertas modificaciones en la misma para disminuir el impacto medioambiental, pero aún no hemos recibido respuesta».