Parece que por fin Mallorca va a tener una moratoria con ciertos
visos de seriedad, aunque de rebote Menorca y las Pitiüses se
quedarán a dos velas. Las negociaciones entre la presidenta del
Consell Insular mallorquín, Maria Antònia Munar, y el president del
Govern, Francesc Antich, están discurriendo en un ambiente de
cordialidad y coincidencia de criterios y se espera que las
conversaciones lleguen a buen puerto. ¿Y cuál es ese puerto? Pues
el consenso, la cordura y la garantía de futuro para Mallorca.
El camino que seguíamos hasta ahora, con una moratoria promovida
desde el Consolat de la Mar y otra desde el Consell "que sólo
afecta a Mallorca, lógicamente" no hacía sino confundir a la
opinión pública y perjudicar a muchos ciudadanos interesados en
poder acceder a una vivienda, además de afectar a constructores y
promotores, que quedaban a expensas de la «guerra» que enfrentaba a
las instituciones.
Una moratoria sirve para proporcionar a las autoridades
competentes un margen de maniobra a la hora de diseñar el modelo de
crecimiento que se desea. Una vez decidido, la moratoria pierde su
sentido y debe dejar paso a una legislación que regule el asunto.
Todavía no está muy claro cuál es ese modelo que se quiere imponer,
pero parece que será una prioridad proteger el litoral "ya
suficientemente destrozado, por desgracia" y aflojar la presión que
se mantiene ahora sobre el territorio interior. Ojo, eso no
significa que debamos convertir el centro de la Isla en una
urbanización, pero sí se puede promover cierto crecimiento
razonable, que permita dar respuesta a las necesidades de la
población.
Las cosas están todavía en el aire, pero parece que, al menos,
la dirección que han tomado es la adecuada. Ahora falta conocer y
tener en cuenta la opinión de sectores implicados, desde
constructores hasta ecologistas.
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