La inversión pública que se va a realizar a cabo en los próximos
años en las Islas ascenderá a 375 millones de euros (62.000
millones de pesetas), según anunció ayer el vicepresidente del
Govern, Pere Sampol. La ejecución de las inversiones, «no admiten
demora de ahí que esta propuesta no es un Pla Mirall cualquiera
para embellecer o hacer campaña electoral, sino que son obras
prioritarias que se contratarán este año y a lo largo de 2003. El
objetivo de estas inversiones son paliar los efectos que puedan
derivarse de las moratorias urbanísticas, sobre las cuales tiene
que haber un acuerdo entre la moratoria del Consell Insular de
Mallorca y la del Govern».
Sampol puntualizó que el objetivo de propiciar estas inversiones
públicas «son frenar la inversión privada, ya que la prioridad es
proteger el territorio, tanto en la costa como en suelo rústico, y
administrar el crecimiento. Los constructores y el Govern no
comparten la misma visión de por dónde irá e futuro, de ahí que
estamos intentando transmitir información a los sectores económicos
para que vean hacia dónde nos encaminamos después de constatar que
seguimos creciendo a un ritmo demasiado acelerado, en especial en
el sector de la construcción».
El desglose de obras previstas para el período 2002-2003, según
dió a conocer ayer el vicepresidente del Govern, son: el plan de
desarrollo local en los municipios del Objetivo 2 con fondos
europeos que ascenderá a 25 millones de euros, el tren de Inca a
Manacor, el desdoblamiento de la carretera de Manacor y el recinto
ferial con una licitación que rondará los 30 millones de euros.
También están incluidas las obras del hospital de Inca, el plan de
Vivienda con una inversión de 25 millones de euros, otros 12
millones previstos para nuevos centros educativos y las
reparaciones por el temporal que ya han comenzado además de los
planes de Obres y Serveis y los planes de carreteras del Consell
Insular de Mallorca.
En cuanto al crecimiento urbanístico, afirmó que «tenemos que
poder modularlo de manera que si hay un crecimiento previsto para
10 o 15 años en los planeamientos municipales no tenemos que
consumirlo en dos o tres». Respecto a las moratorias urbanísticas
se mostró partidario de modificar algunos aspectos de las normas
cautelares sin renunciar a los objetivos de proteger el suelo
rústico y evitar el crecimiento demasiado rápido de lo que prevén
los planeamientos municipales, «lo prioritario son estos objetivos,
lo secundario es quién toma los acuerdos y cuáles se toman».
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