El Govern introducirá una enmienda en los presupuestos para
suspender la aplicación de la ecotasa. La intención inicial del
Ejecutivo era aprobar hoy mismo un artículo en la ley de
acompañamiento de los presupuestos del año próximo para aplazar la
entrada en vigor del impuesto, pero finalmente se ha optado por
realizar los cambios durante la tramitación parlamentaria de la
ley, que comenzará a partir del día 30 de este mismo mes. La
fórmula que se escogerá va a ser, por lo tanto, la presentación de
una enmienda, que será consensuada por todos los grupos del Pacte y
que será presentada por el PSOE.
Un miembro del gabinete balear reconoció ayer que resultaba «un
poco precipitado» incluir la suspensión provisional de la ecotasa
en la ley de acompañamiento que será aprobado hoy al Consell de
Govern. De hecho, el Ejecutivo ya tenía redactado el artículo que
regulaba, como medida excepcional, la suspensión de la ecotasa
durante un año, una posibilidad que ya anticipó el propio president
Antich. Los consellers Mesquida y Alomar analizaron el texto de un
artículo que, al final, no se incorporará al proyecto de ley de
acompañamiento de los presupuestos.
La decisión del Govern supone un importante gesto político y un
nuevo acercamiento al sector hotelero en plena crisis mundial. El
Ejecutivo ya sabe que difícilmente el Tribunal Constitucional
levantará la suspensión del impuesto antes del 30 de diciembre, la
fecha límite para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la
ecotasa, pero desea que la hipotética aplicación de la ecotasa no
suponga un nuevo problema para el sector turístico, cuyo futuro es
incierto tras los acontecimientos del 11 de septiembre. Unió de
Pagesos y el Grupo de Ornitología Balear (GOB) y Defensa de la
Naturaleza reclamaron ayer al president Antich que no suspenda la
aplicación de la ecotasa, lo que en opinión de ambas organizaciones
sería un error. En una nota de prensa, estas entidades señalan que
es una «muestra de incoherencia del Govern la posibilidad anunciada
por Antich referida a que la ecotasa podría quedarse sin
aplicación, sobre todo tras la fortísima defensa que se ha hecho de
esta iniciativa frente a la sociedad».
El presidente del grupo parlamentario popular, José María
González Ortea, señalaba ayer que las compañías aéreas están
dispuestas a aumentar frecuencias en Balears, «pero piden
compensaciones. Visto cómo se está comportando el Govern, que no
coge el toro por los cuernos, si no saben arreglar la situación que
se quiten y que nos dejen al PP, que lo haremos tal y como sucedió
hace dos años. Una opción más inteligente que pedir la declaración
de vuelos de interés público, ya que esta medida beneficiaría a una
sola empresa adjudicataria y perjudicaría al resto». Pese a afirmar
que el PP apoya esta declaración, criticó al Govern porque
«pretende «utilizarla como arma de presión para obligar a las
aerolíneas a cumplir con determinadas frecuencias». Antich refutó
las declaraciones de González Ortea afirmando que la declaración de
servicio público «no significa dar el monopolio a nadie. Lo que
tiene que hacer González Ortea es preocuparse por los efectos de
los recortes de frecuencias, tal y como hizo con los efectos de la
ecotasa».
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