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La Asociación de Vecinos Baluarte del Príncipe celebró el pasado jueves una asamblea para ver la situación actual de las negociaciones dentro del proceso de expropiación iniciado por Cort. A pesar de no estar previsto en el orden del día, se analizó la situación creada tras la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce la validez del convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y Cort.

Sobre este punto, el presidente de la asociación, Ginés Ayala, señaló que «en el cuerpo de la sentencia se matiza de manera muy clara la obligación que tienen las distintas instituciones de ejecutar todo lo estipulado en dicho convenio, como por ejemplo, el punto que obliga a Cort a subrogarse todas las obligaciones que tiene el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) con los usuarios», dijo, e hizo referencia al derecho «al uso vitalicio» y al derecho «de opción de compra de las viviendas al 50% de su valor de tasación por el Banco de España», añadió.

Ayala recordó que lo más significativo de las reuniones mantenidas con Cort hasta ahora es «la no llegada a acuerdos en cuanto a la subida de las indemnizaciones», indicó, y señaló que las mismas deberían alcanzar «las cantidades estipulas por fórmulas homologadas y consensuadas con agentes de la propiedad inmobiliaria de reconocido prestigio», afirmó. Ayala indicó que desde el comienzo de las negociaciones «se estudió la posibilidad de construir unas viviendas en el solar propiedad del Invifas en el Polígon de Llevant. Dicha opción fue tomando cuerpo a través de posteriores contactos con Cort, aunque el Consistorio aún no ha formalizado su posición respecto a este punto», prosiguió.

Ayala señaló que la oferta que recibió la asociación el 5 de octubre hace referencia a 77 viviendas, «27 de ellas en sa Calatrava y sa Gerreria, de protección oficial, con opción de compra o alquiler. Las 50 restantes no son de protección oficial, sus superficies oscilan entre los 40 y los 102 metros cuadrados, y solamente son con opción de compra y a precio de mercado, lo cual no entra en la norma estipulada como realojo en un proceso de expropiación», resumió. Dicha oferta no fue aceptada por la mayoría de la asamblea.