«Un atentado a la economía de les Illes Balears y a su autonomía».
Así definió ayer el vicepresident del Govern balear y conseller de
Comerç, Pere Sampol, la suspensión de los diez artículos de la Llei
de Comerç de Balears originada tras la decisión del Gobierno
central de recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional. «Ese
recurso pone en peligro 75.000 empleos al permitir la implantación
de nuevas grandes superficies», explicó Sampol en una rueda de
prensa celebrada en la sede del Govern.
El recurso de inconstitucionalidad presentado por Madrid sentó
muy mal a Sampol, quien considera que el Ejecutivo de Aznar "«y del
mallorquín Jaume Matas», precisó" «defiende los intereses de las
grandes multinacionales comerciales». «La posible suspensión tendrá
unas consecuencias muy negativas sobre la economía balear, poniendo
en peligro la subsistencia de casi 20.000 empresas que trabajan en
el sector del comercio», dijo el vicepresident.
Recordó que en Balears la implantación de hipermercados ya
supera la media del Estado español y que existe una moratoria de
licencias para estos establecimientos que concluye el próximo 20 de
enero, por lo que a partir de entonces, «si no se adoptan medidas
para evitarlo, podrían abrirse los 25 grandes comercios que han
solicitado permiso, circunstancia que afectaría de lleno a nuestro
tejido empresarial».
«Su apertura, más todas las que puedan venir, pondrá en peligro
el puesto de trabajo de 20.868 autónomos y 53.961 trabajadores del
régimen general. Más de 200.000 personas viven directamente de la
pequeña actividad comercial en el archipiélago», afirmó. A su
juicio, «Madrid defiende, descaradamente, los intereses de grandes
empresas multinacionales en contra de las pequeñas empresas de
Balears».
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