Entre otras cosas la normativa de Madrid establecía un horario
de apertura de 90 horas semanales mientras que el texto del Govern
la reduce a 72 horas. Asimismo consideran que la limitación de
superficies en 800 metros cuadrados, 1.200 en Palma, para centros
comerciales vulnera la Ley de 1996 de Ordenación del Comercio
Minorista que, aseguran, «protege la libre iniciativa empresarial y
la libre circulación de bienes y personas en todo el territorio».
En lo que se refiere al calendario de apertura en festivos, que
según la norma recurrida es competencia de la Direcció General de
Comerç, Madrid considera que vulnera las leyes básicas del Estado.
El mismo argumento es utilizado para justificar el recurso contra
el artículo que regula la libertad de horarios en zonas «de gran
afluencia turística».
En este sentido, el Consejo de Ministro avaló la tesis del
Ministerio de Economía que reconoce la posibilidad que tiene el
Govern de determinar dichas zonas pero niegan la de imponer límites
horarios. También considera inconstitucional el Gobierno el hecho
de que el Ejecutivo autonómico prohíba las ofertas y promociones
dos meses antes de las dos temporadas de rebajas anuales; los
establecimientos dedicados a la venta de saldos y los regalos de
los bancos como pago de intereses. La aprobación del recurso
provocó alegría en el seno del Partido Popular, que había
presentado una enmienda a la totalidad del texto en junio, cuando
fue aprobado con los votos de todos los socios del Pacte.
En este sentido, el coordinador de la formación, Josep Juan
Cardona, señaló que el Govern sabía que Madrid acudiría al Alto
Tribunal para pedir la suspensión «cuando forzó la normativa». El
popular recordó que hay sectores donde se producen concurrencias de
competencias como en el caso del comercio. «El Govern tiene algunas
competencias pero Madrid tiene otras y lo que no se puede hacer es
aprobar una norma por testarudez rechazando el diálogo por
sistema». Cardona reconoció que «ya es habitual» que el Gobierno
central recurra una iniciativa del Pacte de Progrés pero lo
justificó señalando que «suele ocurrir cuando una parte intenta
imponer su criterio por encima de las competencias de otras
administraciones. «El Govern no sólo invade competencia de Madrid
sino que también intenta lo mismo con los Consell Insulars, lo cual
demuestra su incapacidad para negociar».
El Govern dice que el PP usa al Alto Tribunal para
imponer sus tesis
El portavoz del Govern Balear, Antoni Garcias, aseguró ayer que el
recurso presentado por Madrid ante el Constitucional pone de
manifiesto que el PP «utiliza las instituciones del Estado para
imponer las tesis que no puede hacer valer en el Parlament
autonómico por no disponer de mayoría». De esta forma, el conseller
de Presidència apuntaba lo que, en su opinión, es una
contradicción: «Que promuevan una ley de cooperación autonómica al
mismo tiempo que 'torpedean', desde un punto de vista partidista,
las leyes importantes que sacamos para cambiar el modelo de
país».
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