Nekane Domblás18/08/01 0:00
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La Conselleria d'Obres Públiques ha decidido ampliar hasta septiembre el plazo para presentar alegaciones a la norma territorial cautelar. Inicialmente, el plazo para alegar finalizaba la próxima semana, el día 23, fecha en la que se cumplían los 20 días que marca la ley desde la aprobación de la moratoria el pasado día 3, debido a que la mayor parte del periodo de exposición pública tenía lugar durante el mes de agosto. La ampliación del plazo de exposición pública fue publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del pasado día 16, de forma que el plazo de exposición pública durará ahora hasta el próximo 16 de septiembre, ya que así lo señala el acuerdo publicado en el BOIB.

Posiblemente para entonces, el Govern ya habrá registrado en el Parlament la propuesta de modificación de Directrices de Ordenación del Territorio, a pesar de que el anteproyecto de ley todavía no ha sido aprobado por el Consell de Govern. El conseller de Treball, Eberhard Grosske, confió ayer en poder llegar a un acuerdo con los representantes de Unió Mallorquina para poder aprobar tanto la moratoria como la reforma de las directrices y recordó que el texto presentado por el conseller Ferrer tiene que ser debatido previamente por los cada uno de los partidos del Pacte por lo que, a su entender, no se han roto las reglas de juego marcadas en su día.

Representantes del Pacte reconocieron ayer que el debate en el seno de UM sobre la conveniencia o no de seguir en el Pacte no es buena, si bien también matizaron que se trata de tensiones que se arrastran desde hace tiempo y no se deben exclusivamente a la aprobación de la moratoria. No obstante, los socios de UM están convencidos de que se impondrá la solución pactista y no rupturista dado que, en caso contrario, la única opción que les queda a los nacionalistas es llegar a acuerdos con el PP en un momento especialmente difícil para este partido.

En cualquier caso, hasta el próximo mes de septiembre no se decidirá ni la postura de Unió Mallorquina ni el envío de las Directrices de Ordenación del Territorio a la Cámara balear. Será entonces cuando se reavive el debate político sobre esta materia.