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J.MESTRE/R.COLLADO
El Gobierno central tiene una semana de plazo para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto turístico aprobado en marzo por el Govern balear. En concreto, el Consejo de Ministros deberá decidir en la reunión del próximo viernes si recurre directamente el impuesto o, por el contrario, deja que todas las actuaciones legales sean impulsadas por los propios hoteleros, quienes ya han anunciado que acudirán a los tribunales cuando el Govern apruebe el reglamento que desarrolla el cobro de la ecotasa.

El portavoz del PP en el Parlament, José María González Ortea, aseguró ayer que «Madrid hará lo que tenga que hacer en función de los informes jurídicos que están preparando los abogados del Estado». «El Gobierno central sólo recurrirá el impuesto si es recurrible», comentó González Ortea.

Según ha podido saber este periódico, la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión de la Ley de Consells tras un recurso planteado por Madrid obligó al Ministerio de Hacienda a encargar más estudios jurídicos sobre la ecotasa. Antes de la decisión del Tribunal Constitucional, la intención del Gobierno central era no agotar los tres meses de plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad. De hecho, un portavoz del Ministerio de Economia indicó que el recurso se presentaría ya que existían suficientes elementos para poder anular el impuesto. La decisión del Tribunal Constitucional de suspender el impuesto ecológico, aprobado por el Govern de Cañellas, también alimentó la postura de Madrid en contra de la ecotasa.

Sin embargo, durante las últimas semanas se está especulando ante la posibilidad de que Madrid no recurra el impuesto porque tiene constancia de que el reglamento que desarrolla la ecotasa provocará graves problemas al Govern y, por consiguiente, creará un nuevo conflicto entre el Pacte de Progrés y los hoteleros.