Los servicios mínimos, que no se aplicaron en la pasada huelga del
transporte discrecional en Balears, se han convertido en una
auténtica «patata caliente» para las partes implicadas en el
conflicto. Las críticas arrecian hacia todos los sectores, pero
nadie se pone de acuerdo sobre quién es el culpable final. La
Direcció General d'Transport del Govern había decretado servicios
mínimos del 80% en todos los trayectos con los aeropuertos, pero
éstos no se cumplieron en absoluto. Por ello, el conseller de
Transports, Josep Antoni Ferrer, ha anunciado una investigación
para aclarar si las empresas del transporte discrecional
comunicaron a sus trabajadores que debían realizar servicios
mínimos.
Ferrer no descartó adoptar medidas contra las empresas del
transporte que no cumplieron la resolución de la Conselleria de
Transports. «El Govern hizo todo lo que tenía que hacer durante la
huelga. Es más, a lo largo del fin de semana se difundió un
comunicado a las empresas de transporte para recordarles que debían
cumplir unos servicios mínimos. Estaba muy claro lo que tenían que
hacer trabajadores y empresarios durante la huelga», añadió Ferrer.
Añadió que la Delegación del Gobierno también ofreció protección a
los empresarios para que pudiesen sacar a la carretera los
autobuses para cumplir los servicios mínimos. «Los empresarios
alegaron que no sabían cómo convocar a sus trabajadores»,
añadió.
El secretario general de Turismo, Juan José Güemes, pidió al
Govern balear que cumpla con su obligación de fijar «con suficiente
antelación» los servicios mínimos para el transporte discrecional
de la comunidad y de velar por su cumplimiento. En esa misma línea,
el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Marino Díaz Guerra,
consideró que el Govern «no ha exigido con rigor» el cumplimiento
de los servicios mínimos de la huelga, mientras que el ministro de
Economía, Rodrigo Rato, dijo que las autoridades de Balears «deben
ser cuidadosas» y que, si no se llega a un acuerdo sobre el
transporte, establezcan «de inmediato» unos servicios mínimos
«suficientes, de forma detallada y con garantías de
cumplimiento».
La delegada del Gobierno en Balears, Catalina Cirer, explicó que
el Govern «tiene transferidas las competencias en materia laboral,
de transportes y de turismo». «Por lo tanto "dijo" le correspondía
la regulación de los servicios mínimos». «Se vio que no había
voluntad por parte de unos ni de otros de que se cumplieran los
servicios mínimos». El presidente de la patronal del transporte,
Jaume Batle, recordó que, pese al ofrecimiento de protección por
parte de la Delegación del Gobierno para que se fletaran autocares
durante la huelga, tanto los empresarios como los conductores
dispuestos a trabajar temieron por su integridad y la de los
vehículos y decidieron renunciar a los servicios mínimos. El
president del Govern, Francesc Antich, acusó ayer a José María
Aznar de «irse de viaje» cuando hay un conflicto, en alusión a la
huelga de los pilotos del Sepla-Iberia, mientras que el Govern
«actuó de mediador para encontrar soluciones y acercar posturas
entre las partes implicadas». Según Antich, «Aznar es un
irresponsable por haberse desentendido del conflicto de los
pilotos».
El PSM pide a Cirer que «asuma su culpa»
El portavoz del PSM-Entesa Nacionalista, Pere Sampol, exigió ayer a
la delegada de Gobierno, Catalina Cirer, que «asuma sus
responsabilidades» por los últimos hechos registrados en las Islas.
Sampol, que se mostró partidario de asumir las competencias en
seguridad, dijo que él no era el más indicado para solicitar la
dimisión de «nadie», pero llamó la atención sobre las actuaciones
protagonizadas por la Delegación del Gobierno de Balears. En ese
contexto, el líder nacional y vicepresident del Govern también,
criticó al Gobierno central.
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