El hecho de que la moratoria urbanística anunciada ayer por los
responsables del Consell de Mallorca deje congelada también la
concesión de nuevas licencias para las viviendas de protección
oficial ha enfrentado a Unió Mallorquina con el resto de sus socios
de Pacte. Para contrarrestar esta suspensión de viviendas de
protección oficial, la presidenta del Consell de Mallorca, Maria
Antònia Munar, lanzó ayer formalmente una propuesta de pacto
integral tanto al Govern como a los ayuntamientos para garantizar
el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades
económicas. Munar propuso que las instituciones estudien los
mecanismos para posibilitar que parte de las viviendas que se
rehabiliten puedan destinarse a viviendas sociales.
Por lo que respecta al contenido de la moratoria, la consellera
del PSOE en el Consell Francina Armengol valoró satisfactoriamente
el anuncio realizado en la Comissió Insular d'Urbanisme pero
consideró una «aberración» que la construcción de viviendas
sociales quede paralizada. «No se puede dejar sin la posibilidad de
acceder una vivienda a las familias más desfavorecidas»,
añadió.
En términos similares se expresó el conseller del PSM Antoni
Alorda, para quien las viviendas de protección oficial no pueden
quedar incluidas en la moratoria. «Es básico que se reconsidere la
congelación de licencias para viviendas de protección oficial»,
afirmó Alorda, quien además añadió que intentarán que los
representantes de UM en el Consell reconsideren su decisión. Alorda
afirmó también que, en esta redefinición de la moratoria, debe
incluirse también la excepción de las viviendas unifamiliares. «Es
sorprendente que nos enseñemos con los plurifamiliares y el suelo
rústico no se vea afectado», concluyó.
La coalición EU-Els Verds envió ayer un comunicado en el que, si
bien considera positivo contener el crecimiento urbanístico,
también añade que deberían establecerse garantías para preservar el
derecho de los jóvenes y los más desfavorecidos a la vivienda, por
lo que deberían excluirse las viviendas de protección oficial de la
moratoria. También precisa que la suspensión de licencias no
debería limitarse al suelo urbano, sino que debería incluir además
el suelo rústico y urbanizable. «El suelo rústico, especialmente,
ha de ser protegido de su colonización por parte del uso
residencial», afirma.
Quienes tampoco quisieron profundizar en la realizaciones de
valoraciones fueron los representantes del PP. Los responsables de
esta formación política prefirieron esperar a conocer el texto
definitivo de la propuesta del Consell antes de pronunciarse. La
propuesta del Consell de Mallorca fue especialmente bien recibida
por la organización ecologista GOB. Su portavoz, Miquel Angel
March, también coincidió con los responsables políticos en que es
preciso excluir de la moratoria a las viviendas de protección
oficial. «Es una norma interesante que ha superado al Govern por la
izquierda».
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