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Ayer Mallorca fue noticia de portada en todos los informativos nacionales. Y no por el comienzo normal de las vacaciones, sino por la huelga salvaje de los trabajadores del transporte turístico. Para vergüenza de todos, las imágenes no podían ser más negativas: larguísimas colas de pasajeros en Son Sant Joan esperando un taxi, aglomeraciones en las terminales, incidentes con los piquetes... y todo por una estricta cuestión económica, cuando el colectivo no es, precisamente, de los peor pagados, todo lo contrario.

La sociedad hubiese entendido una huelga para reivindicar unos turnos de descanso que garanticen la seguridad de los propios conductores y de los pasajeros, pero no por un punto o dos de aumento salarial.

Todos los que han hecho posible esta huelga pueden estar orgullosos del destrozo ocasionado, de un modo especial los líderes sindicales, que han encendido un conflicto que no han podido o querido controlar. Tampoco ha sido ejemplar la actuación de las autoridades. No bastaba actuar de mediadores. Su obligación era garantizar los servicios mínimos: de acuerdo con los huelguistas o mediante la protección policial. Y en cuanto a los empresarios, era comprensible que vistas las amenazas no se atreviesen a sacar sus autocares, pero ¿han hecho todo lo posible para evitar la huelga y regular las relaciones laborales dentro del sector? Es cierto que el continuo flujo pasajeros en Son Sant Joan obliga a realizar traslados durante las 24 horas los siete días de la semana, pero ello no debe impedir una planificación de los servicios. Los trabajadores tienen todo el derecho a saber con antelación sus horas y días de descanso.

Sin embargo, no son ellos los únicos que tienen reivindicaciones que merecen ser atendidas en la medida de lo razonable. Cuando se trabaja en los servicios públicos hay que actuar con una responsabilidad que se ha echado en falta en este conflicto. Mallorca no se merece que unos cuantos arrojen por la borda lo que se ha tardado tanto en edificar y ha beneficiado a tantos.