Como «muy positiva, correcta y muy profesional» fue valorada por
ambas partes la reunión celebrada ayer en la sede de la Delegación
del Gobierno en Palma. Un encuentro que acabó igualmente con el
anuncio de Cirer de que la próxima semana el sector contará con 180
trabajadores inmigrantes más legalizados con permisos de carácter
fijo, que se sumarán a los 303 que cuentan con permisos permanentes
y a los 128 fijos ya existentes. La nueva legalización servirá para
paliar los problemas de mano de obra que sufre el sector a 15 días
vistas de recoger la cosecha 2001.
El secretario general de Asaja Balears, Gabriel Company, y el
portavoz de la Plataforma agraria, Joan Moll, expresaron su
satisfacción «por la buena predisposición» de la delegada del
Gobierno y anunciaron que seguirán manteniendo reuniones y
trabajando para que el próximo 1 de marzo del año próximo esté
completado el cupo de 800 trabajadores necesarios para recoger la
cosecha en Balears.
Asimismo, según indicó Company, la Delegación de Gobierno
informó a los representantes agrarios que no tiene intención de
realizar nuevas inspecciones a explotaciones agrarias, como ocurrió
en Inca y en la carretera vieja de Sineu, donde fueron localizados
al menos 23 inmigrantes 'sin papeles'. Catalina Cirer indicó a
Company y Moll que la Delegación de Gobierno no está predispuesta a
realizar nuevas inspecciones, si bien no puede evitar el curso
policial y judicial de una denuncia.
En cualquier caso, según informaron los representantes agrarios,
la Delegación de Gobierno se comprometió igualmente a tener
informada a la Plataforma agraria y a la patronal Asaja sobre el
proceso de regularización. En dicho proceso interviene una Comisión
agraria creada al efecto, que cuenta con representantes de Madrid
y, que según Company, está retrasando el proceso debido al
desconocimiento que tienen del problema en Balears.
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