La contrarreloj negociadora no funcionó esta vez

La Conselleria intentó que sindicatos y empresarios se sometieran a un arbitraje: la decisión de un árbitro que emitiría un laudo que debía ser de obligado cumplimiento por las partes. Ese dictamen, según trascendió ya que también se barajó como posibilidad para el acuerdo, establecía un aumento salarial del 5% para un convenio de un año y dejar el resto de la negociación a una comisión de seguimiento e interpretación, bajo la tutela de las direcciones generales de Treball y Transports del Govern, y con el compromiso de organizar el sector, pero ya con vistas al siguiente convenio. Los empresarios estaban de acuerdo pero dentro de CC OO no todo era concordia. Las discrepancias internas "y el temor a que fuera rechazado por los conductores en la asamblea" hicieron que se rechazara el arbitraje.

Jaime Batle, presidente de la patronal, criticaba que «mientras nosotros hemos ido cediendo, los sindicatos no lo han hecho porque no han podido convencer a los conductores». Mariano Izquierdo, de CC OO, manifestó que de la situación «son responsables los empresarios» e insinuó intereses políticos de la patronal para desgastar al Pacte de Progrés. «Hemos hecho todos los esfuerzos», dijo Grosske quien apuntó que «había base objetiva para llegar al acuerdo». «Nos sabe muy mal la huelga y perderán todas las partes». El conseller mostró su disposición a seguir mediando una vez concluyan los tres días de huelga porque «el acuerdo es inevitable y éste no será muy diferente a lo que hoy se ha estado negociando. La lástima es que no sea posible antes de la huelga».

A las 21.00 los trabajadores se reunieron en CC OO. La asamblea estaba prevista por si hubiera que ratificar un principio de acuerdo. A falta de este, y en un ambiente muy crispado y «caliente», ultimaron los piquetes informativos para la huelga. Por otra parte, Grosske consideró «democráticamente peligrosa» la explicación dada por el jefe superior de Policía, Eduardo Pérez Extremera, sobre la presencia de un agente de paisano en las negociaciones del convenio. Extremera reconoció que encomendó a este agente «labores de información» similares a las que hacen «los propios medios de comunicación» para «la adecuada evaluación» de un conflicto laboral que puede afectar «al normal funcionamiento de los servicios públicos».

Una diferencia de dos puntos de subida salarial en tres años impidió el acuerdo
Después de muchos tiras y aflojas la negociación quedó reducida al incremento salarial. El resto del convenio se mantendría intacto pero no fue posible el acuerdo. Resumiendo, la patronal ofrecía un 15% de subida para los tres años y los sindicatos no bajaron del 17%. Dos puntos de diferencia que impidieron la desconvocatoria de la huelga.