A un total de 51 millones de pesetas ascienden las sanciones
recogidas en los 77 expedientes abiertos a piscinas comunitarias,
incoados entre los años 1998 y 1999 por parte de la Conselleria de
Sanitat y resueltos en el año 2000, mientras que el pasado
ejercicio se abrieron 22 expedientes. Estos últimos expedientes
abiertos coinciden en el tiempo con la alarma social que se derivó
de las diversas muertes que se produjeron en piscinas públicas por
incumplimiento de las normas actualmente vigentes, normativa que
fue endurecida el año pasado por el Govern.
La mayor parte de las sanciones y expedientes abiertos se
producen por la ausencia de personal capacitado para ejercer de
socorristas, con todas las dificultades que comporta la titulación
homologada, además de los habituales problemas para establecer el
nivel óptimo de cloración de agua, la falta de personal de
mantenimiento o la falta de un botiquín de primeros auxilios.
Asimismo, entre las irregularidades más comunes detectadas en las
piscinas comunitarias de las Islas destacan el incumplimiento de la
obligación de señalar la profundidad de la instalación, (obligada
para prevenir accidentes de los niños) y la ausencia de accesos
habilitados para minusválidos.
Durante el año pasado se inspeccionaron 850 piscinas mientras
que en 1999 un total de 632 habían presentado el libro o carnet al
que obliga la legislación. La demanda principal por parte de la
Direcció general de Sanitat ha sido la «presencia física de
socorristas en el entorno de la instalación. El último intento de
modificar la legislación de 1995 se centraba, precisamente, en el
hecho de que estos socorristas no podían ser sólo vigilantes sino
que deben tener la titulación que concederán los inspectores del
Govern y además se ampliarán las horas que tienen que acreditar de
formación.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.