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La Comisión General de Escolarización para el curso 2001/2002 fue constituida ayer con el objetivo de mantener informados a sindicatos y patronales del sector sobre el desarrollo del proceso de admisión y matriculación de alumnos. En la primera reunión se expuso la impugnación de la Orden de admisión de alumnos del próximo curso por parte de Educació i Gestió, según informó Jaume Gual, director general de Planificació i Centres.

Desde la patronal de los colegios concertados se explicó que la impugnación ante los tribunales apunta hacia la falta de tiempo que se dio para la presentación de alegaciones y hacia la interpretación de dos puntos concretos de la misma. Así, se ha impugnado el punto que obliga a especificar en las listas de admitidos de dónde sale cada uno de los puntos logrados por cada alumno, «porque entendemos que datos como la renta o posibles minusvalías en una familia son confidenciales y su publicación puede violar la ley de protección de datos».

El segundo punto recurrido se refiere a la reserva de 2 plazas por aula para niños con necesidades educativas especiales. Sobre ello, la patronal consideró que «es una reserva desproporcionada y, además, entendemos que la orden habla de una reserva durante el proceso de escolarización, no durante todo el curso». En esta reunión inaugural se puso sobre la mesa, también, la posibilidad de que de cara al curso 2002/2003 los hijos de trabajadores de los centros educativos «puedan tener algún tipo de ventaja en el momento de la baremación, como la tienen los niños que cuentan con hermanos en el centro en el que desean ser admitidos», dijo Gual.

Esta comisión está integrada por representantes de la Conselleria d'Educació, de las organizaciones sindicales y patronales y de las federaciones de asociaciones de padres y madres. Entre sus misiones está la de garantizar una actuación coordinada de todas las comisiones de escolarización, que estos días se reunen, y realizar sugerencias para modificar la orden que cada año se aprueba para la aplicación del Decreto autonómico. Asimismo, se encargará de velar por la pureza y nitidez del proceso de escolarización.