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El conseller d'Agricultura i Pesca, Mateu Morro, pedirá «oficialmente» al Ministerio del ramo que modifique la normativa que obliga a sacrificar las reses de las explotaciones donde se ha detectado un caso de «vaca loca». De esta forma, Morro, que ya había mostrado su rechazo a estos sacrificios masivos, recoge las protestas del sector ganadero y les da forma de petición institucional que, en caso de aceptarse, evitaría el sacrificio de las 350 vacas de la explotación de Can Francina de Campos.

Los argumentos del conseller se centran en que no existe ningún fundamento que avale el sacrificio masivo de reses ni indicios de que esta medida sea beneficiosa para la salud animal y de los consumidores. Asimismo, Morro cree que su tesis está avalada por la postura de algunos miembros de la Unió Europea que se han negado a cumplir la normativa y por la corriente de opinión de la mayoría de comunidades del Estado español. En este sentido, el titular de Agricultura recordó que la Unión Europea y el Ministerio del ramo tienen previsto revisar la normativa para el control y erradicación de las encefalopatías durante la primera quincena de julio. Parece ser, según comenta Morro, que las Administraciones van a obligar a realizar los test a todas las reses de más de 30 meses que mueran en granja (medida que ya se lleva a cabo en Balears desde hace meses) y, a cambio, eliminarán la obligación de los sacrificios masivos en fincas afectadas.

El conseller, que asegura que con esta medida se paliará la «dramática» situación de los ganaderos isleños, aseguró que «atrasará» el sacrificio de los animales de Can Francina hasta dentro de dos meses para ver qué deciden las Administraciones.

Esta iniciativa de Morro cuenta con el respaldo del Govern balear, (Sampol dijo ayer que el Ejecutivo presionará al máximo para buscar fórmulas alternativas al sacrificio), y por las organizaciones agrícolas.

Tanto Gabriel Company, de Asaja, como Joan Mas, de Unió de Pagesos, pidieron que se adopten medidas para evitar este sacrificio y, en el caso del primero, también exigió que tanto la Conselleria como el Govern se impliquen económicamente en la recuperación del sector pagando las ayudas prometidas para evitar la desaparición del sector. El coordinador de Unió de Pagesos, además de reiterar la necesidad de que se paguen ya las ayudas que se prometieron el año pasado en el Proago, aseguró que la puesta en marcha de los hornos para restos animales es urgente (Medi Ambient asegura que las partidas ya están aprobadas) y señaló que descartan movilizarse.

El cuarto operador funcionará en unos meses
El conseller de Economía, Pere Sampol, anunció que «en unos meses» podría estar en marcha la Compañía de Control Logístico de Hidrocarburos de las Islas Balears, CCLHIB, que se convertirá en el cuarto operador de las Islas y que ofertará combustible más económico al sector agrícola en una iniciativa que se «ha retrasado», señaló, porque se han «desbordado las expectativas» generadas en torno al proyecto. Sampol dijo que la buena acogida que ha tenido la idea impulsada por 22 cooperativas para «romper la situación monopolística» que actualmente existe en las Islas ha obligado a «sobredimensionar» las instalaciones donde se proyectan levantar las instalaciones de la central.