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El Govern ha distribuido una propuesta a todos los ayuntamientos de Balears en la que plantea el incumplimiento de la ley de extranjería. En concreto, el director general de Presidència, Antoni Reinés, ha remitido un escrito a todos los consistorios municipales en la que pone en conocimiento el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Alaquas, de la Comunitat Valenciana, para que se informe a todas las asociaciones de vecinos, entidades deportivas y entidades culturales que permitan «a todos los ciudadanos de origen extranjero ser miembro de sus respectivas entidades», en contra de la ley de extranjería todavía en vigor.

El escrito dirigido por Reinés a todos los ayuntamientos de Balears ha provocado una gran sorpresa en algunos consistorios, donde consideran que el Govern no puede plantear el incumpliento de la ley de extranjería y tampoco dar publicidad a un acuerdo adoptado gracias una moción política aprobada en la Comunitat Valenciana. El ayuntamiento de Alaquas aprobó inscribir en el padrón municipal a todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa «legal o irregular». «Este ayuntamiento también se compromete a velar por la plena integración económica, social, política y educativa"cultural de estas personas, y para ello establecerá y dotará presupuestariamente un plan municipal municipal», señala el acuerdo difundido por el Govern.

La propuesta del Ayuntamiento de Alaquas, que el Govern propone imitar en todos los municipios de Balears, propone que la policía local y los cuerpos de seguridad velen «por el derecho de reunión y de manifestación de todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su origen y condición». Asimismo, la misma moción política difundida por el Govern se manifiesta «a favor de apoyar la decisión de los sindicatos y de otras organizaciones sociales de afiliar a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes que lo solicitan, cualquiera que sea su situación administrativa, prestándoles asistencia jurídica y laboral».

Precisamente, el Govern presentó hace varias semanas un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de extranjería. Después de un gran debate en el Ejecutivo, el gabinete de Antich optó por utilizar la posibilidad de recurrir la Ley de Extranjería pese a que los juristas del Consell Consultiu desaconsejaban la impugnación de la polémica ley aprobada por el Congreso de los Diputados. El Govern tuvo en cuenta otros informes favorables a la presentación del recurso para acudir ante el Tribunal Constitucional. La postura de los miembros del Consell Consultiu fue criticada con dureza por algunos miembros del Govern, especialmente por los dirigentes de Esquerra Unida.

En un comunicado remitido por la formación política se calificaba de «atrevimiento» el informe del Consultiu y opinaba que el dictamen era «insensible e inconsistente». «El Consell Consultiu de Balears ha quedado en evidencia con la emisión de este dictamen», decía EU, que tachaba de «ultraconservadores nombrados en la época de Cañellas» a los juristas. El Govern convocó una reunión extraordinaria para aprobar el recurso contra la ley de extranjería. Esta ley también destapó las diferencias entre Francesc Antich y Rodríguez Zapatero. Mientras el president balear era partidario del recurso, el nuevo líder socialista apostaba por un acuerdo político en contra de la ley de extranjería.

El plazo para legalizar a los «sin papeles» se amplía
Delegación del Gobierno en Balears ha decidido ampliar el plazo para regularizar papeles a los inmigrantes que residen en la Comunitat. La delegada del Gobierno en Balears, Catalina Cirer, informó ayer que se utilizará la misma fórmula empleada en Catalunya y en la Comunitat Valenciana para que los «sin papeles» puedan legalizar su estancia en Balears. «La ampliación del plazo para legalizar a inmigrantes ha dado un gran resultado en Catalunya y la Comunitat Valenciana», declaró Cirer.