El Gobierno prepara un nuevo plan de lucha contra la violencia
doméstica que parece no contar con el apoyo de los socialistas,
quienes consideran que las medidas contempladas en el borrador del
texto no responden a la demanda social ni da soluciones a lo que ya
consideran «el mayor problema del país». No exageran al calificarlo
de tal manera, puesto que cada año mueren en España sesenta mujeres
asesinadas de forma brutal por sus compañeros, un número de
víctimas que supera con creces a las del terrorismo, aunque aún no
nos hayamos concienciado de ello.
El asunto es grave, gravísimo, y se asienta sobre bases arcaicas
y sobre actitudes absurdas, difíciles de entender hoy en día. Acaba
de producirse estos días una sentencia más que polémica, en la que
un juez impone al violador de una niña la pena mínima sólo porque
ella no era virgen cuando fue asaltada. Lo curioso, por no decir
dramático, es que hechos como éste no generan la inmediata reacción
de las instancias judiciales superiores. Se dejan pasar porque en
muchos ámbitos de la vida social todavía se tiene la creencia de
que las mujeres agredidas «se lo han buscado». Por eso hay mucho
por hacer y por decir y todas las decisiones deben ser valientes,
tajantes, sin medias tintas, destinadas única y exclusivamente a
proteger a la víctima y a reeducar a hombres, mujeres y niños en el
respeto a la igualdad.
Y ello sólo puede lograrse con herramientas globales, con un
pacto de Estado que abrace a todas las instituciones, que cuente
con todos los puntos de vista y tenga en cuenta todas las opciones.
El Gobierno no parece verlo así, pues algunas comunidades autónomas
se lamentan de que ni siquiera han podido intervenir en la
redacción del borrador. Y, mientras, tenemos que «tragar» cómo un
muchacho agrede en directo a una mujer en televisión en uno de los
programas con mayor audiencia. Inaudito.
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