El conflicto planteado en esta ocasión "el anterior todavía está
pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional" se refiere
al acuerdo del Consell de Govern del 29 de diciembre del pasado año
por el que se aprobó la concesión de una ayuda económica para
determinados beneficiarios de pensiones asistenciales y no
contributivas. En concreto, se abonaron (a principios de este año)
unas cantidades a un total de 9.829 beneficiarios que oscilaron
entre las 23.245 pesetas para los beneficiarios de ayudas con cargo
al Fondo Nacional de Asistencia Social y para los beneficiarios de
la Lismi (Ley de Inserción Social de Personas con Minusvalías) y
las 29.142 pesetas que cobrarán los perceptores de pensiones de
jubilación e invalidez en la modalidad de no contributivas.
El Gobierno central considera que el balear ha invadido con esa
medida sus competencias exclusivas en materia de legislación básica
y régimen económico de la Seguridad Social. Eduardo Chozas,
secretario general de empleo, justificó ayer en Palma esta medida
porque, dijo, «el sistema de pensiones es uno y único para el
conjunto de España, y puede ser muy peligroso hacer carreras entre
unas y otras Administraciones».
El Gobierno central entiende, en cambio, que la intención del
Ejecutivo regional es modificar el régimen económico las pensiones
en esa comunidad, una prerrogativa que sólo corresponde a la
Administración estatal para garantizar la igualdad entre los
pensionistas de todas las comunidades. El Gobierno central, que se
acoge a jurisprudencia del Tribunal Constitucional para plantear el
recurso, añade que la iniciativa balear también invade sus
competencias exclusivas para coordinar la planificación general de
la actividad económica.
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