Esquerra Unida basaba su recurso en la «provisionalidad del vertedero de Son Reus».

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La demanda de Esquerra Unida, representada por el abogado Jaime Bueno, intentaba obtener la nulidad del acuerdo plenario del Consell Insular de Mallorca celebrado el día 12 de febrero de 1997, por el cual, en el cuarto punto del día en la sesión, se autorizó a Tirme SA que iniciara la explotación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos de la isla de Mallorca.

EU fundamentaba su recurso en la «adecuación a Derecho del aludido acuerdo», ya que se hizo «después de comprobar que el Plan Director para la gestión señalada, modificada después por el Decreto 119/1993 del 14 de octubre, contemplaba seis estaciones de transferencia, de las cuales, habrían de estar finalizadas con anterioridad a la autorización administrativa de explotación ordinaria de la planta de Son Reus, y tan sólo dos estaban realizadas y otra no se incorporaba a los servicios hasta el año 2000».

«Además»; según la tesis de la coalición de izquierdas, «se decía que la autorización impugnada se había resuelto sin que existiera el preceptivo y previo vertedero de cenizas y basura de la mencionada planta de Son Reus, hallándose en la actualidad el vertedero en condición de provisionalidad. De todo ello se deduce que el acuerdo debe ser declarado nulo de pleno derecho».

La sentencia, sin embargo, recuerda que el acuerdo plenario «amparó su decisión en un informe técnico-jurídico, el cual tuvo en cuenta la comunicación de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral de 28 noviembre de 1996 a la vista de los resultados de los análisis de las basuras recogidas en la planta incineradora de Son Reus. El Ayuntamiento de Palma daba por bueno el emplazamiento para la recogida de basuras que, según los análisis, era inerte y por lo tanto podía ser arrojado a cualquier vertedero de residuos sólidos».

Respecto a la estación de transferencia, la demandada (Consell Insular de Mallorca) reconoció que no estaban finalizadas las seis, concretamente las de Manacor y Sóller, pero el motivo era que «los ayuntamientos respectivos todavía no había otorgado la oportuna licencia».