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La Sala II del Tribunal Supremo, que ha designado a José Antonio Marañón Chavarri como ponente para «conocer» la denuncia interpuesta contra la diputada del PP en el Congreso Rosa Estaràs por el «affaire» del albergue de La Victòria, ha recibido un escrito del fiscal en el que se solicita el archivo de la causa.

Según confirmó ayer la propia Rosa Estarás a este diario, «la tesis del fiscal del Supremo defiende el sobreseimiento, y aunque su opinión suele ser importante, el tribunal tendrá la última palabra», precisó. La denuncia contra la diputada del PP fue presentada por el Govern a través de la Conselleria de Benestar Social y acusa a la dirigente conservadora de tres delitos: falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos públicos y prevaricación. La Sala II del Supremo, una vez que asumió el caso, pidió al secretario del Govern sobre la condición de aforada de la denunciada.

Esquerra Unida presentó, en su momento, toda la documentación en la que se basa la denuncia del Govern contra Estaràs. Según la información disponible, EU no descartó que se hubiese utilizado la concesión de la gestión del albergue La Victòria «para gastar el dinero público en actuaciones no públicas».

En este sentido, la coalición de izquierdas calificó de «leoninos» los contratos firmados por Estaràs a favor de las empresas «Interjés de Paguera» y «Cel Obert» para la gestión del albergue juvenil de La Victòria. «Uno de estos dos contratos no era legal ya que la empresa tenía deudas con la Seguridad Social y no había presentado el aval necesario para poder favorecerse de la concesión», según EU. Además, la empresa tenía importantes contrapartidas por parte del Govern para aumentar sus beneficios.

EU mostró su sorpresa ante el hecho de que una de estas dos empresas, con domicilio social en Peguera, tuviese la adjudicación de la gestión del albergue. Esta empresa estaba gestionada por Jesús García Oeo, ex concejal del PP en Calvià. EU se remontó a la etapa de Eduard Vellibre y Francesc Gilet en la Conselleria Adjunta a la Presidència para tachar de «extraño» que una empresa de Calvià decidiese gestionar el albergue de La Victòria.