El president del Govern, Francesc Antich, dio ayer por zanjada la
crisis provocada por la dimisión de la consellera d'Innovació i
Energia, Misericòrdia Ramon, tras la toma de posesión de Príam
Villalonga como nuevo conseller. «En el Govern se hacen los cambios
que son necesarios y en el momento en que se han de hacer; ahora no
están previstos más cambios», aseguró el president.
El jefe del Ejecutivo aseguró que desconocía el contenido del
contrato que en su día firmaron Ramon y Morey y aseguró que
desconoce si la consellera sabía realmente lo que estaba firmando.
«Sólo sé que ahora ni uno ni otro están en el Govern y eso es un
cambio importante con respecto a otras épocas», dijo. Antich
anunció además una revisión sistemática de todas las contrataciones
hechas por el Pacte «porque no me querría llevar otro susto como
éste». Antich explicó además que esta labor de revisión se centrará
de forma especial en el Parc BIT.
Para Antich fue un «error» no haber cambiado a una «serie de
personas» que se mantuvieron en su cargo en esta empresa tras las
elecciones. El president negó que el PP, con sus acusaciones,
hubiera precipitado la dimisión de la consellera. «Hace un mes que
se estaba analizando el tema y, como consecuencia de ello, ya hubo
cambios en la Conselleria; ahora ha sido la consellera quien ha
dejado su cargo para que no se use este contrato en contra del
Govern, ya que siempre nos hemos pronunciado en contra de los
contratos blindados».
El president censuró la política desarrollada por el PP durante
sus años de gobierno y reprochó que los populares, «inventores de
los contratos blindados, quieran darme ahora lecciones de cómo he
de actuar». El president añadió que ha habido un solo error y se ha
actuado de forma rápida. Para Antich, la resolución de la crisis
demuestra que se ha impuesto una nueva forma de gobernar.
Por lo que respecta a la fiscalización del contrato por parte de
la Conselleria de Funció Pública, tal y como obliga la Ley, el
president explicó que el contrato a Felio Morey nunca llegó a la
Conselleria de Costa porque dos meses antes de que se celebraran
las elecciones autonómicas, el entonces conseller d'Economia del
Govern del PP, Antonio Rami, firmó una orden en la que se eximía de
estos controles a las contrataciones del Parc-BIT.
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