El president del Govern y representantes de los tres consells
insulars acordaron ayer presentar alegaciones en defensa de la
constitucionalidad de la ley de Consells al estimar que el recurso
presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional carece
de «fundamentos jurídicos», tal y como aseguró el propio Francesc
Antich al término de la reunión. Además de Antich, al encuentro
acudieron las presidentas de Menorca y de Eivissa, Joana Barceló y
Pilar Costa, y el conseller de Mallorca Miquel Nadal, ya que Munar
se encontraba enferma.
El president afirmó que la controvertida ley no es un «capricho»
del Govern, sino la expresión de aquello que contempla el Estatut:
que los consells son instituciones autonómicas. Antich añadió que
sólo la llegada del Pacte de Progrés al Govern ha permitido dar el
impulso autonómico definitivo que defiende unos consells insulars
fuertes «sin ser instituciones tuteladas». «La ley de Consells ha
sido un paso de gigante en la historia de nuestra autonomía»,
señaló Antich.
Francesc Antich opinó que la decisión del Gobierno de presentar
un recurso en contra de la ley «es el resultado de una lectura
inflexible, rígida e incluso imposible» sobre la configuración de
los Consells como órganos de gobierno. Por lo que respecta al
pliego de alegaciones que presentará el Govern en defensa de la
ley, el president dio algunos retazos de cuáles serán los
argumentos jurídicos del Govern.
El president destacó que ayuntamientos como Barcelona o Madrid
tienen juntas de distrito con amplias competencias, formadas por
órganos no electos, por lo que la existencia de estos órganos en
los Consells no supone una novedad. El Govern argumenta además que
si él gestiona las competencias con un gobierno propio, cuando
éstas son cedidas a los Consells las instituciones insulares
también deben gestionarlas con un gobierno propio que también
incluya a cargos no electos.
El Govern añade que el Consell Executiu no es más que un órgano
complementario al Pleno, la Presidència y la Comissió de Govern que
está sometido al control político de estos organismos. El control
administrativo de este organismo queda asegurado con la posibilidad
de recurrir sus decisiones.
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