P. Candia24/12/00 0:00
TW
0

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) está estudiando una querella criminal en contra del conseller de Interior, Josep Maria Costa, el director general, Antoni Torres, y varios funcionarios de esa conselleria por los supuestos delitos de prevaricación, falso testimonio y estafa procesal. El procedimiento lo ha instado el ex director general de Interior en el Govern del PP, Joan Pol, y el magistrado Antoni Monserrat, que acaba de asumir el cargo en el TSJB, debe pronunciarse sobre si admite, o no, a trámite la querella. La causa número 2 de 2000 consta, asimismo, de un escrito elaborado por la Fiscalía de Balears, quien remite las actuaciones al TSJB al ser órgano competente, dada la condición de aforado de Costa.

Pol afirma en su querella que los nuevos máximos responsables de Interior del Govern de Francesc Antich cometieron, presuntamente, al menos tres delitos al apartarlo de su cargo y trasladarlo a la Dirección de Pesca, donde ahora ejerce sus funciones de funcionario de la Comunitat Autònoma. Este diario pudo saber que entre las pruebas aportadas por Pol figura un certificado que fue pieza clave en una sentencia desfavorable a Pol firmada por la juez Carmen Frigola, y que el querellante afirma que es falso. La destitución de Pol fue interpretada como un acto de represalias por parte del Pacte de Progrés contra las personas vinculadas al PP, entre ellas Joan Pol, que fue relegado a inspector de Pesca. Pol perdió nivel como funcionario, a pesar de su gran cualificación, y su esposa también fue despedida.

Pol decidió acudir al TSJB después de una sentencia desfavorable en los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo al recurso por «discriminación ideológica» que había presentado. Según recoge la sentencia, Joan Pol, que no asistió al juicio, «no informa» a su sucesor en la dirección general «de la necesidad de contestar un requerimiento que solicitaba la Agencia de Protección de Datos y que esta falta de respuesta en el plazo señalado podría ser sancionada con una multa de hasta 50 millones de pesetas». Asimismo, la sentencia se refiere a «episodios de falta de lealtad como recibir y abrir el correo a nombre del director general de Interior cuando ya no ocupaba el cargo, correo que no entregaba» a su sucesor, Antoni Torres.