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PATRICIO CANDIA/EFE El conseller de Hisenda i Pressupost, Joan Mesquida, inició ayer en Madrid la renegociación de una deuda adicional de 12.000 millones de pesetas contraída por la Comunitat Autónoma como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que anuló el impuesto sobre instalaciones que afectan al medio ambiente. Mesquida, que se reunió con la secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, explicó que esta cantidad corresponde a los fondos ya ingresados por la Comunitat más los intereses de demora que ha generado este dinero.

«He visto en mi interlocutora una predisposición a que se llegue a un acuerdo, y no puede ser de otra manera. Ni siquiera contemplo la posibilidad de que nos diga que no. Sí, por supuesto, nos puede (el Gobierno central) sugerir otras fórmulas alternativas, que estudiaríamos, con una premisa que dejé muy clara a la secretaria de Estado: cualquiera otra fórmula no ha de tener un impacto directo sobre los Presupuestos del año 2001. El Govern actual no tiene por qué sufrir el impacto de 25.000 millones, algo que me parecería totalmente injusto», dijo ayer Mesquida en una rueda de prensa.

Mesquida y el director general de Presupuestos, Cristóbal Milán, se reunieron con Rodríguez en un primer encuentro que, según el conseller, tuvo «carácter técnico e informativo, ya que se pretendía informar directamente a la secretaria de Estado del problema que para el Govern balear suscita la sentencia». La sentencia que anula este impuesto ecológico supondrá pérdidas de 25.000 millones para el Govern, que ya había cobrado 5.000 millones, está pendiente de ingresar 13.500 y cuenta con 3.300 millones para el 2001, según los cálculos iniciales del Ejecutivo insular, que está tratando de precisar al máximo estas cifras. Mesquida afirmó que de la reunión no ha salido ningún compromiso «ni lo pretendíamos» pero sí «el acuerdo de reunirnos en los próximos días, porque la sentencia tiene implicaciones para este año y hay la urgencia de solventar este tema».