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R.C./N.D.
Gas y Electricidad SA (GESA), una de las principales empresas afectadas por el impuesto ecológico del Govern, mostraba ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional, «la creación de un impuesto debe estar jurídicamente estructurado, porque si no se entra en colisión con la capacidad fiscal del Estado, que es lo que ha sucedido con este impuesto», indicaba ayer un portavoz de GESA. Telefónica, Campsa y Repsol, junto a GESA, fueron las empresas afectadas por la medida impositiva adoptada por el Govern en 1991, que fue recurrida por todas ellas.

La misma fuente de GESA explicó que todavía no tenían notificación oficial de la sentencia, «de ahí que no podemos realizar una valoración en profundidad, pero está claro que la misma no hace más que confirmar que teníamos razón en nuestras tesis y que la ley queda anulada».

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Josep Oliver, no se mostraba ayer sorprendido por la sentencia, «la esperábamos y puede ser un claro precedente para otros impuestos ecológicos. Nuestra valoración es positiva y entendemos que el Tribunal Constitucional ha actuado como debía en este caso, ya que cualquier doble imposición al final siempre repercute en el consumidor. No era lógico tal y como se había planteado el impuesto».

Miquel Àngel March, portavoz del Grup d'Ornitologia Balear (GOB), opinaba todo lo contrario, «es una noticia negativa en todos los aspectos, aunque los impuestos ecológicos son impredecibles. En teoría, dicho impuesto tenía su validez, pero visto lo sucedido está claro que hubo algún tipo de fallo de forma en su planteamiento y elaboración, puesto que siempre hemos considerado que la ley gravaba la producción de energía. Lo único que queda por hacer es modificar la fórmula como tasa ambiental y extenderla a otros sectores para que sea efectiva en todos los aspectos».