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J.M.R./C.M.C. El director territorial del Insalud, Javier Rodrigo de Santos, aseguró ayer que por parte de esta institución el llamado «caso Son Dureta» «no va a cerrarse precisamente por el conocimiento que a través de la prensa hemos tenido directamente del mismo». Rodrigo de Santos manifestó que la administración acata el contenido del auto judicial del Juzgado de Instrucción 3 si bien recuerda que se trata de un sobreseimiento provisional «lo que significa que el caso no está cerrado».

Rodrigo de Santos dijo que el principal perjudicado es el Insalud y en este sentido anunció que se va a iniciar «una investigación a fondo de lo ocurrido». Esa investigación se va a centrar «en el trabajo de la asesoría jurídica que por esta casa se va a realizar y a resultas del cual se tomarán las decisiones que correspondan en coordinación con Son Dureta».

El informe jurídico tendrá que determinar si hubo o no falta de cooperación por parte del Insalud «porque parece que si eso es así es una acusación grave que si realmente es probado estaríamos hablando de un delito de falta de colaboración con la Justicia». Dicho informe también tendrá que despejar dudas sobre «si es verdad o no que la dirección letrada de este instituto defendió simultáneamente a los acusados a la vez que a la propia institución porque a nosotros no nos consta que al Insalud lo defendiera nadie hasta febrero de 2000 que se personó como acusación».

El responsable del Insalud aseveró que «se llegará hasta el final» y que además «todos los hechos investigados tendrán que tener sus consecuencias». «Colaboraremos a resultas del informe de nuestra asesoría jurídica con la autoridad que corresponda: con el Fiscal, con el juzgado de instrucción si el caso se reabre o con cuantas instituciones requieran el apoyo y colaboración de esta casa», afirmó. E insistió: «el Insalud se siente perjudicado por este suceso (irregularidades cuanto menos administrativas ocurridas hace diez años en Son Dureta)» y apuntó que en todo caso «cualquiera de las medidas que puedan tomarse no han prescrito ni en vía penal ni en vía administrativa y por tanto llegaremos al fondo de la cuestión».