El Govern ha calculado que dejará de ingresar unos 400 millones el
próximo año como consecuencia de la decisión del Gobierno central
de suprimir los impuestos por la cancelación de las hipotecas. En
concreto, el Ejecutivo autónomico no podrá recaudar a partir del 1
de enero del 2001 el porcentaje del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados que han pagado hasta la fecha los ciudadanos al
cancelar las hipotecas. En concreto, el Ejecutivo ingresaba el 0'5
por ciento de la cuantía total de la hipoteca en el momento de la
cancelación del préstamo. El Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados es uno de los tributos cedidos por el Estado a la
Comunitat balear.
La decisión del Gobierno central ha sido criticada tanto por el
president del Govern, Francesc Antich, como por el conseller
d'Hisenda, Joan Mesquida. «Madrid hace regalos a los ciudadanos
que, posteriormente, los pagamos las comunidades autónomas»,
declaró recientemente Antich. En los mismos términos se manifestó
el conseller d'Hisenda, quien denunció que desde Madrid se está
recortando el poder de las comunidades autónomas.
A pesar de los 400 millones que dejará de ingresar el Govern en
concepto de Actos Jurídicos Documentados por la cancelación de
hipotecas, este impuesto supondrá una recaudación de 1.940
millones, lo que significa un incremento del 23'49 por ciento
respecto al actual ejercicio.
Además, el Govern ha previsto recaudar el próximo año un total
de 24.500 del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, un 10'84
por ciento más que este año. En total, el Ejecutivo ha presupuesto
unos ingresos por impuestos directos de 58.608 millones, un 7'21
por ciento más que el actual ejercicio.
Por otro lado, Balears, con 158.000 millones de pesetas para el
2001, es la tercera comunidad autónoma con el presupuesto más bajo
de todo el Estado tras La Rioja, que dispondrá de 76.000 millones,
y de Cantabria, que podrá gastar 157.000 millones.
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