El Consell de Govern aprobó ayer, a propuesta de la Conselleria de
Presidència, la realización de un estudio que permita conocer con
exactitud cuántas personas que estuvieron en prisión durante la
dictadura de Franco por razones políticas quedaron excluidas de las
indemnizaciones estatales. El Ejecutivo autonómico tiene intención
de compensarles económicamente una vez que sepa el número de
personas que pueden acogerse a las ayudas.
El conseller de Presidència, Antoni Garcías, recordó que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado del año 90 establecía
indemnizaciones para los presos políticos que hubiesen cumplido 65
años antes de la entrada en vigor de dicha ley. Los aspirantes para
recibir ayudas deberían haber padecido privación de libertad, como
mínimo, durante un trienio. En caso de muerte, la ley estatal
establecía que las indemnizaciones podían cobrarlas los familiares
de los antiguos presos. Posteriormente, la Ley de Presupuestos del
Estado del año 92 amplió los supuestos de indemnización a todos
aquellos que acreditasen la condición de ser cónyuges viudos de la
persona que había estado en prisión.
El Govern cree que las ayudas deberían ampliarse en determinados
aspectos y para ello se realizará un estudio sobre los ciudadanos
de Balears que sufrieron prisión y quedaron excluidos de las
indemnizaciones de los años 90 y 92 para después redactar una norma
específica. El Ejecutivo quiere que sean destinatarios las personas
que hayan sufrido privación de libertad por actos de
intencionalidad política sin fijar un tiempo de estancia mínima en
la prisión.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.