Hace años que los comerciantes reclaman una Ley del Comercio
clara y contundente. La situación del sector ha sufrido una
evolución asombrosa en las últimas décadas y está más que claro que
se hace preciso regular horarios, derechos y deberes. Sin embargo,
nadie se pone de acuerdo. Discrepan, para empezar, acerca de quién
tiene las competencias y terminan por los detalles más
insignificantes; cada partido político tiene una forma de ver las
cosas diametralmente opuesta.
En el Gobierno central se apuesta sin tapujos por la
liberalización total, que permite a cada cual hacer lo que mejor le
convenga en cuanto a horarios de apertura. Aquí los nacionalistas
del PSM optan por la postura contraria, en un intento por salvar al
pequeño comerciante de la enorme competencia de las grandes
superficies y centros comerciales, o sea, regular al máximo las
horas de abrir y cerrar los comercios, de forma que todos queden
constreñidos por una igualdad de condiciones.
Hacia donde nadie mira es al consumidor, que también ha cambiado
radicalmente su forma de vida desde hace unas décadas, pues hoy la
mujer está plenamente incorporada al mercado laboral y no dispone
de horas y más horas para dedicarlas a la compra. De ahí que la
sociedad moderna reclame más flexibilidad, más sentido común y
menos dificultades para algo tan sencillo como comprar cosas, que
al fin y al cabo es de lo que vive el comerciante.
Por eso, se impone un término medio, algo que reclama Unió
Mallorquina, un camino central que favorezca al que vende y, desde
luego, al que compra, una ley consensuada por todos los sectores
implicados, como exige Pimeco. La idea del Govern de permitir la
apertura de dos únicos domingos al año es, claramente, restrictiva
para el consumidor. Quizá desde Madrid se pasen de largo, pero
tampoco vayamos nosotros a quedarnos cortos.
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