El informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría
Menéndez a petición de la Federación Hotelera de Mallorca llegó a
la conclusión de que la ecotasa «es inconstitucional» debido a que
grava el mismo concepto que el IVA que pagan los hoteleros, por lo
que su aplicación supondría una doble imposición, un hecho que
«vulneraría los límites de la potestad tributaria de la Comunidad
Autónoma previstos en el artículo 133.2 de la Constitución, 6.2 de
la LOFCA y en el 57 del Estatuto de Autonomía».
Las cuatro conclusiones extraídas en el informe son opuestas a
la legalidad de la ecotasa y contienen argumentos «de peso», según
el abogado de los hoteleros, Joan Buades, para oponerse de forma
frontal a su aplicación, si el Govern mantiene el mismo texto del
proyecto de ley que debe ser debatido por el Parlament. El
presidente de la patronal, Pedro Cañellas, acompañado por Buades,
presentaron ayer a los portavoces parlamentarios de PP, PSOE y UM
el informe realizado por los abogados Jesús Román y Juan Antonio
Fernández, del bufete Uría Menéndez, y lo dieron a conocer después
en rueda de prensa.
La primera conclusión señala: «La relación jurídico tributaria
resultante del impuesto regulado por el proyecto reúne los
elementos básicos de la imposición indirecta. Por tanto, a pesar de
la calificación del impuesto como tributo directo que se contiene
en el artículo 4 del proyecto, puede sostenerse que el impuesto es
un tributo de naturaleza indirecta».
En ese aspecto, Buades dijo que el proyecto redactado por el
Govern define «habilidosamente» la ecotasa como un impuesto directo
sobre el usuario de establecimientos de hospedaje para evitar su
identificación con el IVA, que es un tributo por consumo que pagan
los hoteleros.
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