El Govern pretendía aprovechar los presupuestos de la Comunitat del
próximo año para premiar a los funcionarios de libre designación.
En uno de los borradores del proyecto de ley de Acompañamiento de
los Presupuestos, que obra en poder de este periódico, se incluía
un artículo cuyo objetivo era reservar las plazas a los
funcionarios de confianza. Es decir, los funcionarios que ocupasen
jefaturas podrían acceder a sus antiguas plazas al ser cesados en
sus puestos. Sin embargo, desde la Conselleria d'Hisenda se frenó
la propuesta que se planteaba desde el departamento de Interior
ante la amenaza de que dicho artículo pudiese ser recurrido en el
Tribunal Constitucional.
En la actualidad, cualquier funcionarios de libre designación
que deje de ocupar una jefatura está a la espera de que se le
asigne una plaza que tenga vacante la Comunitat Autònoma. De esta
manera, un funcionario de confianza puede ser, incluso, obligado a
cambiar de residencia. En cambio, el Govern quería que esta
situación cambiase y que los funcionarios de libre designación
pudiesen disponer de su plaza original.
El artículo 21 del proyecto de ley de Acompañamiento de los
Presupuestos incluía esta posibilidad, aunque el texto que hoy
registrará el conseller d'Hisenda en el Parlament no prevé la
medida que se planteaba desde la Conselleria d'Interior. Al
parecer, y según fuentes del Govern, el conseller d'Hisenda, Joan
Mesquida, temía que los presupuestos pudiesen ser recurridos ante
el Tribunal Constitucional.
La decisión del actual Govern de aumentar los puestos de libre
designación ha sido uno de los pocos asuntos laborales que no han
contado con el apoyo de los sindicatos. En concreto, las centrales
sindicales votaron en contra de la propuesta de modificación del
catálogo de puestos de libre designación para incrementar las
plazas de confianza que ocupan los funcionarios.
La Mesa General de Negociación de la Comunitat Autònoma,
integrada por el Govern y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STEI,
estudió en el mes de abril una propuesta de la Conselleria
d'Interior de aumentar las plazas de libre designación. Finalmente,
el Ejecutivo autonómico decidió impulsar su medida a pesar de tener
la oposición frontal de los sindicatos. El Govern minimizó los
efectos del nombramiento de 47 nuevas plazas de confianza, mientras
desde los sindicatos se denunció la politización de la carrera de
la función pública.
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