El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el conflicto en
defensa de la autonomía local planteado por dieciséis municipios de
Balears por la disposición adicional sexta de la ley balear 8/95,
reformada por la ley 12/99, que deja a los Consistorios, según los
recurrentes, sin competencias en materia de residuos.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el
pasado jueves, que precisa que la ley hace referencia a diversas
medidas tributarias, administrativas y de función pública y
económicas, aprobada el pasado 23 de diciembre por el Parlamento
balear.
Los dieciséis municipios que plantearon el conflicto ante el
Tribunal Constitucional son: Palma, Llucmajor, Inca, Santa Eulalia
d´es Riu, Andratx, Santany, Campos, Muro, Bunyola, Sant Joan de
Labritja, Selva, Sencelles, Valldemossa, Deiá, Estellencs y
Escorça.
El Consell Consultiu emitió el mes de mayo pasado un informe
favorable al Ajuntament de Palma, presidido por Joan Fageda, sobre
la inconstitucionalidad de esa disposición, que también fue
remitido al Tribunal Constitucional, según confirmó un
portavoz.
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