Cort pedirá un informe económico a EMAYA sobre la «Operación barco»

Entre las irregularidades detectadas por la auditoría figura el haber diferido el coste de los gastos corrientes de la operación a ejercicios posteriores, y sostiene que destinar una operación de préstamo "se solicitó uno de 4.302 millones de pesetas para financiar en ocho años la «operación barco»" para financiar gastos ordinarios es una práctica no permitida por la normativa reguladora de las haciendas locales a la que, segun la auditoría, debía acogerse el Consorcio de Aguas de la bahía de Palma.

Un informe de los servicios jurídicos del Ajuntament sobre la auditoría encargada por el Govern al que ha tenido acceso Ultima Hora determina que, si bien los consorcios tendrán un régimen jurídico de derecho público, «ello no es óbice para que se establezcan en sus estatutos particularidades con el fin de poder ser titulares de relaciones jurídicas sujetas al derecho privado». En ese sentido recuerda el informe que los consorcios gozan de personalidad jurídica propia, por lo que entiende que el Consorcio de Aguas podía solicitar un préstamo para financiar gastos ordinarios. El informe jurídico llama la atención sobre el hecho de que la misma empresa auditora que ha trabajado ahora para el Govern, Faura-Casas, realizó una auditoría en 1997 al Consorcio en la que dice que «el Consorcio de Aguas de la Bahía de Palma cumple adecuadamente con la legislación que le es de aplicación en relación con la Administración y gestión de los fondos públicos recibidos», por lo que desde Cort no se entiende «el aparente cambio de criterio».