La comparecencia del conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni
Ferrer, ante la Diputación Permanente del Parlament para explicar
el alcance de las moratorias provocó ayer un duro enfrentamiento
entre el portavoz del PP, José María González Ortea, y el
vicepresident del Parlament, el socialista Félix Fernández Terrés.
La polémica comenzó en el momento en que González Ortea aseguró
que las moratorias se habían hecho con «déficit democrático». Para
el diputado del PP, los representantes del Pacte estaban obligados
a explicar la razón de que algunos terrenos no se vean afectados
por las moratorias, especialmente en el caso de aquellas zonas que
son propiedad de familiares de miembros del Pacte. González Ortea
citó el ejemplo de la Marina de Calvià y recordó que el actual
presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme fue abogado de la
promotora. «En Eivissa hay terrenos privilegiados que pertenecen a
familiares de la presidenta del Consell y del conseller d'Interior,
además de a otros altos cargos», afirmó.
El vicepresident pidió la palabra al sentirse aludido y negó las
denuncias de información privilegiada o trato de favor. «No ha
habido atisbo de información privilegiada o de amiguismo», afirmó y
recordó que ni es miembro del Govern ni del Consell, por lo que no
tuvo ninguna participación en la redacción de la moratoria. Lamentó
que el PP «aplique la máxima de 'difama, que algo queda'» y, en
referencia a los diputados del PP, añadió el refrán: «Cree el
ladrón que todos son de su condición».
Por lo que respecta a la intervención de Josep Antoni Ferrer,
salió en defensa de su compañero de partido y justificó las
exclusiones asegurando que, en Balears, «el que no es primo es
cuñado de alguien».
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