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A lo largo de la corta historia de nuestra autonomía se han sucedido largos períodos en los que el distinto color político del Gobierno central y el Govern de Balears ha perjudicado gravemente los intereses de las Islas. Ahora existe un factor nuevo: la presencia de un ciudadano de Balears en el Consejo de Ministros. ¿De qué forma incide en el diálogo Madrid-Balears? El presidente Antich ha sido muy claro. Ha pedido a Jaume Matas que «no siga ayudando más a Balears» y ha visto la «mano negra» del ministro de Medio Ambiente tras la advertencia del titular de Fomento de que Balears puede perder las inversiones estatales en carreteras si se establecen cambios en el convenio firmado, es decir, si no se construyen las autopistas previstas por el Govern anterior.

Este nuevo conflicto viene a añadir más fuego a la pésima relación política existente entre Matas/PP y Antich/Pacte de Progrés. Se ha llegado a un punto ya inaceptable. Los ciudadanos de estas islas no pueden consentir que se pierda una sola peseta de las muchas que el Estado debe invertir aquí. Aznar y Matas no pueden perjudicar a Balears porque el Govern sea progresista. Y deben respetar las reglas del juego: quien decide si se construyen autopistas o desaladoras es el Govern. Es su responsabilidad. Si se equivoca lo pagará en las urnas. Como lo pagará el PP si por encima de Balears pone su animadversión política. Ahora bien, al Govern hay que exigirle que de una vez solucione los problemas, con dinero de Madrid o de aquí. Al fin y al cabo, es lo mismo. Es nuestro dinero. Y que no maree la perdiz con ridículas disquisiciones semánticas. Lo de menos es si la solución del agua pasa por desaladoras fijas o desaladoras supestamente móviles. Y en cuanto a las carreteras, importa menos si técnicamente se trata de autovías o de vías de cuatro calzadas. Lo grave es que ha pasado un año y la Conselleria d'Obres Públiques está todavía en la fase de estudios.