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Realmente el informe anual elaborado por Amnistía Internacional que se ha hecho público esta semana podría resumirse en lo que a nuestro juicio constituye su aportación más substancial, en unas pocas palabras: todas y cada una de las tragedias relacionadas con el atropello de los derechos humanos que han tenido lugar en los últimos años podían haberse previsto y, consecuentemente, evitado. Así lo pone de relieve el balance de las violaciones de dichos derechos registradas a lo largo de 1999. Naturalmente que ante una conclusión de estas características, al ciudadano le vienen inmediatamente a la cabeza los nombres de aquellos lugares en los que se han vivido "o se viven" situaciones de crisis, como podrían ser por ejemplo, Chechenia, Timor Oriental o Kosovo. Ello es sólo parcialmente cierto, puesto que por desgracia las violaciones de los derechos humanos se dan prácticamente en todo el mundo, incluyendo las grandes potencias. En la lista negra de AI no falta en efecto ni una sola potencia hegemónica, figurando también en ella la mayoría de países europeos, como Alemania, Italia, Austria o España, entre otros. En conjunto, 147 países evidencian una notable falta de respeto a una Declaración Universal de Derechos Humanos que ha cumplido ya el medio siglo. Y es particularmente grave que ello ocurra también en los países desarrollados, que son fundamentalmente los que tendrían que ocuparse de la prevención sistemática de aquellas situaciones que desembocan en el ultraje más escandaloso de los derechos del hombre. Lo que nos sitúa ante el hecho esencial, ante una prevención de la tragedia que unos no pueden evitar y otros no quieren hacerlo. En tanto no progrese un concepto de general solidaridad, encaminado a que todos sintamos como propias las injusticias cometidas contra cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, la violación de los más elementales derechos continuará produciéndose. Y ello ocurrirá "y ocurre" en un mundo en el que muchos se sienten muy orgullosos del alto grado de progreso alcanzado.