Crispación y malestar en el campo ante la posibilidad de que el Govern expropie pozos

Esta propuesta, que está incluida en el decreto de medidas de emergencia que la Conselleria de Medi Ambient presentará hoy al Consell Balear de l'Aigua, se basa en el artículo 56 de la vigente Ley de aguas que, textualmente, permite al Govern «adoptar las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión, para la superación de circunstancias de necesidad o urgencia como las que se dan actualmente en las Islas».

De esta forma, y en virtud a este artículo, el Govern puede declarar de utilidad pública las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollar las medidas, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como de la urgente necesidad de ocupación. Esta posibilidad ha encendido los ánimos del sector agrícola, ya castigado de por si por la falta de agua para regar, y sus máximos dirigentes ya se han apresurado a criticar el decreto, máxime por que, según aseguran, algunos no están invitados a la reunión de hoy donde se presenta. La única asociación del sector que se sentará en la mesa es la FAGB a través del presidente de Esplet, Antoni Comas, y su gerente, Joan Company.

«Me parece poco serio que, tratándose un tema de tanta importancia como este no hayan invitado a las asociaciones agrarias y más, si como se dice, se va a aprobar la posibilidad de quitarnos el agua», aseguró Joan Mas, de Unió de Pagesos. Algunos agricultores han destacado el clima de crispación que vive el sector en los últimos días hasta tal punto que, incluso aquellos no afiliados a la FAGB, empiezan a defender sus tesis. En este sentido el presidente de la federación, Fernando Dameto, reiteró sus críticas por la que llamó «continua intromisión del Govern en la propiedad privada» y destacó que los agricultores se niegan a ceder el agua para paliar las necesidades del turismo.