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P.C/L.T.
El conseller de Turisme, Celesti Alomar, reconoció ayer que el 20 por ciento de los turistas que visitan Balears eludirá el pago de la ecotasa, ya que el 9 por ciento de los visitantes se hospedan en viviendas particulares que operan al margen de la legalidad, otro 6'5 por ciento se aloja en casa de familiares o amigos, el 4'5 por ciento se instala en segundas residencias y un 4 por ciento en barcos.

Detectar la oferta tursítica ilegal, que representa un 15 por ciento del total, es una de las prioridades del Govern, que se ha comprometido con el sector hotelero a realizar campañas de detección de esta oferta a través del control exhaustivo de los folletos de los mayoristas. El Govern espera recaudar con la ecotasa 12.000 millones de pesetas al año, de los que 1.600 millones corresponden a Eivissa y Formentera, 1.000 millones a Menorca y el resto a Mallorca.

Se trata de un impuesto finalista cuya recaudación se destinará a la remodelación y rehabilitación de zonas turísticas; a la recuperación de recursos y espacios rurales y naturales "adquisición, gestión y revalorización"; y a la revalorización de recursos patrimoniales de relevancia social, cultural y turística. Corresponderá a la conselleria de Turisme la selección de los proyectos que se financiarán con la ecotasa que, con el informe perceptivo del Consell Assessor del Turisme de Balears, los elevará a la Comissió Interdepartamental del Turisme para su aprobación o denegación. El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, aseguró que el proyecto de ley que regulará la ecotasa está jurídicamente «blindado», porque no entra en colisión ni con la Constitución ni con las normas que se aplican en el ámbito de la UE.