Al menos seis empresas promotoras han presentado peticiones de
indemnización que superan los 10.000 millones de pesetas al
sentirse afectadas por el proceso de desclasificación de
urbanizables que inició el Govern de Jaume Matas con la aprobación
de las Directrices de Ordenación del Territorio.
En la Conselleria d'Obres Públiques tienen constancia de dos
reclamaciones, una de ellas por 2.424 millones de pesetas y la
otra, con una cuantía sin determinar. Otra petición multimillonaria
ha llegado por error al Parlament y fuentes de toda solvencia
aseguran que son al menos seis los promotores que exigen
compensaciones que superan los 2.000 millones cada una de
ellas.
El director general d'Ordenació del Territori, Manuel Cabellos,
confirmó que su departamento ya tiene estas dos peticiones por las
desclasificaciones realizadas en terrenos urbanizables que tenían
plan parcial aprobado o en proceso de aprobación. Cabellos no quiso
detallar cuáles son los terrenos afectados, pero sí explicitó que
se trata de zonas incluidas además en la moratoria del Consell, por
lo que no descarta que las reclamaciones también lleguen a la
institución insular.
Las reclamaciones se hacen directamente al Govern antes de pasar
por los tribunales, ya que la propia ley de Directrices de
Ordenación del Territorio contemplaba en uno de sus artículos esta
posibilidad. Una de sus disposiciones adicionales decía: «El Govern
de les Illes Balears establecerá las medidas compensatorias para
los propietarios de los terrenos y titulares de derechos que
resulten limitados por la aplicación de esta ley».
Manuel Cabellos admitió que el Govern tiene ahora la obligación
de estudiar las reclamaciones que se vayan presentando para ver si
realmente cabe esta responsabilidad patrimonial que reclaman los
promotores. «Habrá que ver si el Govern asume o no estas
indemnizaciones», aseguró.
En caso de que el Ejecutivo de Antich rechace el pago de
cualquier compensación, se da por hecho que los propietarios
afectados trasladarán sus peticiones a los tribunales. En realidad,
casi se da por hecho que finalmente serán los jueces quienes
determinen si cabe o no el pago de estas indemnizaciones.
Hasta la fecha, las sentencias dictadas por los jueces han
determinado en el caso de indemnizar, las instituciones no deben
pagar el lucro cesante, es decir, la expectativa de negocio de los
promotores. En todo caso, el propio Govern reconoce que puede verse
obligado a pagar los gastos abonados por las empresas promotoras
por la realización de los proyectos urbanizadores. En este caso las
cuantías serían muy inferiores a la petición.
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