La Conselleria d'Obres Públiques tiene previsto redactar una
modificación de la Ley de Disciplina Urbanística ya que considera
que la actual, aprobada por el Parlament en 1990, ha quedado
obsoleta porque no sirve para cumplir los objetivos para los que se
aprobó. El conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, ha
asegurado que la ley actual no funciona en Balears, por lo que
considera que debe modificarse. El director general d'Ordenació del
Territori, Manuel Cabellos, admitió que la Ley no funciona. De
hecho, en la anterior legislatura, en la que ocupó el puesto de
responsable de Urbanisme junto a Francesc Quetglas, Cabellos
asegura que tuvo enormes problemas para aplicar esta Ley.
Las competencias en materia de indisciplina urbanística son de
los consells insulars, pero la modificación de la Ley debe ser
aprobada por el Parlament. A pesar de que en el Govern consideran
que la modificación de esta Ley no es todavía un objetivo
prioritario, trabajan con la posibilidad de que la modificación
puede presentarse en paralelo a la presentación de la nueva ley del
suelo de las Islas.
Entre los principales problemas que presenta la Ley en vigor,
según Manuel Cabellos, uno de ellos es que las sanciones no se
gradúan en función de diversos factores. La legislación estatal,
por ejemplo, a la hora de imponer una multa determinada, tiene en
cuenta cuestiones como la voluntad o de cumplimiento de la ley o la
celeridad en paralizar las obras una vez que los servicios de
inspección han detectado la indisciplina urbanística. En cambio, la
legislación balear sólo fija la sanción de una forma tajante, según
Cabellos. El responsable de Ordenació del Territori del Govern
también asegura que la Ley en vigor presenta carencias a la hora de
tipificar algunas indisciplinas. Contempla sanciones en función de
si las obras se han realizado con permiso o sin él y también
atiende al volumen de las obras realizadas sin este permiso.
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