JOAN MASCARELL20/04/00 0:00
TW
0

El Govern ha anunciado mano dura contra la economía irregular (o sumergida) y en este sentido, los consellers de Treball, d'Economia, Comerç i Industria y Hisenda acordaron ayer crear una comisión técnica que se dedicará a afrontar este fenómeno. Esta comisión técnica actuará en diferentes ámbitos que vendrán marcados por una serie de estudios que se abordarán para conocer la repercusión de la economía sumergida en las Islas. Un estudio elaborado por el anterior Ejecutivo autonómico cifraba la economía sumergida en un 20% del PIB, siendo las Islas una de las comunidades con más incidencia.

Entre las líneas de actuación de esta comisión, apuntó el conseller de Treball, Eberhard Grosske, está la ayuda a la regulación de estos sectores económicos y a las organizaciones empresariales implicadas en su funcionamiento, la coordinación de la actividad inspectora de Treball y Hisenda con la Administración estatal y el compromiso de que las instituciones respeten las condiciones laborales y económicas que figuran en los convenios colectivos de las empresas prestadoras de servicios. Grosske señaló que se ha constatado que la economía sumergida es un fenómeno extendido que supone «un fraude fiscal y a la Seguridad Social así como a las relaciones entre empresarios y trabajadores».

Por su parte el vicepresidente del Govern y conseller d'Economia, Comerç i Indústria, Pere Sampol, destacó la importancia de combatir la economía ilegal en cuanto que «se trata de una competencia desleal que perjudica a empresas y trabajadores de distintos sectores». Sampol mostró su compromiso de defender a las empresas legales y actuar contra las ilegales. Esta comisión técnica también analizará los contratos públicos de los sectores más conflictivos (seguridad privada y limpieza entre otros). En función de este análisis elaborarán una serie de recomendaciones que en caso de ser insuficientes se convertirán en normas que «vincularán a la administraciones públicas en sus contratos de servicios» para impedir que contraten empresas que luego no cumplan el convenio colectivo o realicen prácticas ilegales.