El Govern ha pedido la convocatoria de la junta de accionistas de
Bitel para forzar la dimisión del director de la empresa, Enrique
Adán, al entender que el acuerdo del consejo de administración en
relación al supuesto espionaje informático no se reflejó fielmente
en la nota de prensa. La consellera d'Innovació Tecnológica,
Misericòrdia Ramon, cree que los accionistas deben pedir el relevo
de Adán, aunque el Govern también espera la renuncia voluntaria del
director de Bitel, quien además es consejero delegado de la
sociedad. Ramon considera que Adán no cumplió el acuerdo del
consejo de administración cuando difundió en la nota de prensa de
Bitel que el error en las direcciones electrónicas no había sido
intencionado. Ramon reconoció que el futuro de Bitel dependerá del
desarrollo de las investigaciones judiciales. El Govern posee el 46
por ciento de las acciones de Bitel, mientras Telefónica controla
el 44 por ciento y Sa Nostra, el 10 por ciento. Es decir, el Govern
no tiene mayoría y sólo podrá lograr su objetivo de relevar a Adán
si cuenta con el apoyo del resto de accionistas.
El Govern también difundió un vídeo de un debate del Parlament
para intentar demostrar que Matas utilizó información privilegiada
del Consell Insular de Mallorca en materia urbanística. En las
imágenes, Matas enseña una carpeta que, según el propio dirigente
del PP, contenía información interna sobre el Plan Territorial de
Mallorca, que estaba preparando el Consell. Francesc Quetglas, cuyo
correo electrónico era desviado al gabinete de Matas, aseguró que
dicha información pudo obtenerse gracias al supuesto espionaje
informático. Matas precisó ayer mismo que dicha información fue
entregada por el Consell en unas jornadas celebradas a finales de
septiembre en el Hotel Palas Atenea, donde estuvieron presentes
unas 50 personas.
Quetglas reiteró, en una rueda de prensa celebrada conjuntamente
en el Consolat de Mar con Misericòrdia Ramon y el conseller de
Presidència, Antoni Garcias, que él hacía un gran uso del correo
electrónico, y que por este motivo el gabinete de Matas pudo tener
acceso a información privilegiada de su departamento durante mucho
tiempo. En concreto, Quetglas plantea que el antiguo Govern pudo
utilizar la información sobre la desclasificación de urbanizables,
que era preparada en secreto por el Consell, para avisar de la
medida a algunas promotoras. «Curiosamente, algunas de las obras
que habían sido paralizadas durante años se pusieron en marcha
pocos días antes de las visitas de inspección: un claro ejemplo son
las urbanizaciones de Sa Marina y Sa Pleta de sa Ràpita», relató
Quetglas.
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