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La Junta Rectora de la Cámara de la Propiedad Urbana de Balears acordó la disolución de la entidad el pasado mes de diciembre, y con esa decisión, se puso punto final a casi cien años de historia. El Govern, a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), ha asumido las gestiones que realizaba la institución. Dos de sus más directos representantes, el abogado Bernardo Feliu Amengual, que pleiteó en nombre de los socios durante más de tres décadas y el último secretario general, Francisco Parada, recuerdan los aspectos más importantes de la centenaria trayectoria de la entidad. «En mayo de 1966 me incorporé a la Cámara, y en 1972 gané la plaza de abogados a través de oposiciones», afirma el letrado Feliu Amengual. «Fue un momento apasionante porque coincidió con el «boom» de la construcción y fuimos pioneros en toda España, con un gran protagonismo a nivel nacional que tuvieron las Cámaras». En pleno desarrollismo «nacieron las comunidades de propietarios y la Cámara de la Propiedad Urbana de Balears cambió su habitual imagen paternal de casero-inquilino. Por ello, fue preciso llegar a tener hasta tres abogados».

Bernat Feliu Amengual recuerda varios momentos trascendentales en la vida de la entidad. «La cámara pasó dos momentos importantes, uno cuando la cuota pasó a ser obligatoria, como pasa ahora con las cámaras de comercio. Cuando se implantó la libertad de asociacionismo, la voluntariedad fue determinante, ya que implicaba ser socio por propia voluntad del interesado. Los ingresos provenían de la cámara, pero en un momento se cuestionó la obligatoriedad de la cuota. Nuestra cámara fue una de las mejores de toda España, y a pesar de que la cuota pasó a ser voluntaria, se mantuvo, porque la gente recibía unos servicios que les iban muy bien, con gran solvencia a nivel judicial. Defendíamos muy bien al ciudadano con asesoramiento de toda índole en más de 30 años que estuve allí», afirmó.

El nostálgico adiós a la institución empezó a fraguarse en 1997, con el denominado «decreto Borrell», que estableció la supresión de las cámaras de toda España. «Se cumplen dos años desde que aquello dejó de existir para mí», explica Feliu Amengual. «Al quitar la cuota obligatoria, dió la impresión que tenía que ser el fin de las cámaras, pero no en Balears. Borrell, como reacción porque las cámaras habían tirado abajo el famoso catastrazo (la institución presentó cerca de 8.000 recursos de anticonstitucionalidad), decidió cargarse estas entidades. Pero, los recursos fueron un éxito muy grande y motivo de una gran satisfacción personal por haber conseguido defender a los propietarios. Pero eso cayó muy mal en la Administración», recordó.

Feliu Amengual señala que la mayoría del personal de la Cámara pasó a incorporarse a puestos del Estado, tras asumir el Govern esas funciones (cerca de una veintena de personas), también en Inca, Eivissa y Manacor. «Es muy triste que haya desaparecido un servicio que funcionaba, el PSOE inició el acoso y derribo y el PP ha terminado la tarea, porque los políticos son todos responsables de la actual situación. Han dejado morir a la cámaras, y después el Govern entierra las cámaras, una entidad centenaria de gran prestigio. Todo esto ha sido muy lamentable. No ha sido una institución franquista, como dicen. En tiempos de Franco no existían las comunidades, y había propietario o arrendatarios.