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JUAN MESTRE/LEONOR HERNANDEZ
El proyecto de ley de consells insulars no regula la incompatibilidad de las presidentas y vicepresidentes de las instituciones insulars, según denunció ayer el PP. Un artículo del proyecto establece que los consellers electos, directores generales y secretarios técnicos estarán afectados por la Ley de Incompatibilidades del Govern, pero no establece la situación de presidentes y vicepresidente. En caso de que este artículo se mantenga en estos términos durante su tramitación parlamentaria, la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Maria Antònia Munar, podría compaginar su cargo político con la actividad privada, mientras sus consellers estarían afectados por el régimen de incompatibilidades.

Asimismo, Matas anunció la imposibilidad de llegar a un consenso con el Govern por la ley de consells insulars. Matas dijo que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad y un texto alternativo a la ley aprobada por el Ejecutivo, y lamentó que Francesc Antich haya cometido «un error histórico» con la aprobación del proyecto. «Lo más grave es que este texto es un paso, probablemente, para romper el modelo de Comunitat Autònoma», cuestionó.

En opinión de Matas, «la ley de consells tiene graves defectos de forma y de contenido». El presidente del PP lamenta que el texto elaborado por el Govern dé un poder «absolutamente ilimitado, sin control y de forma oscurantistas a unos hipotéticos consells insulars, estructurados para satisfacer a partidos políticos con escasa representatividad política».

Jaume Matas también cuestionó que la ley de consells insulars dé vía libre a la supresión de la Comisión Insular de Urbanismo. «Rafael de Lacy podrá resolver los acuerdos urbanísticos de la isla y Munar decidir los recursos que presenten los ciudadanos». Por otro lado, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) considera un «gravísimo retroceso» la posibilidad de que los consells puedan decidir la supresión de las comisiones insulares de Urbanismo (CIU) y de Patrimonio. En un comunicado difundido ayer por el grupo ecologista, reitera que las disposiciones derogatorias de esa nueva ley «constituyen un gravísimo paso atrás en cuanto a pluralidad, transparencia y democracia».