La delegada del Gobierno, Catalina Cirer, advirtió ayer que su
departamento tiene la obligación de recurrir o impugnar la ley de
consells en caso de que ésta no se adapte a la legislación estatal
vigente. Cirer comentó que Delegación del Gobierno tiene que velar
por la legalidad de todas y cada una de las disposiciones que se
aprueban en las Islas, ya sean del Govern, de los consells o de los
ayuntamientos.
Catalina Cirer reconoció que, hasta que no se conozca el texto
definitivo, no se podrá confirmar si cabe o no un recurso. En
cualquier caso, precisó que cualquier norma tiene la obligación de
ajustarse a la Constitución y a la legalidad marco del Estado. Con
respecto al informe elaborado por el Consell Consultiu "en el que
se cuestiona la posibilidad de que personas no electas ocupen
cargos ejecutivos en el gobierno insular" la delegada del Gobierno
opinó que el Govern tiene el deber y la obligación de respetar y
atender las recomendaciones del Consell Consultiu, «de la misma
manera que lo han hecho hasta ahora los gobiernos anteriores».
«El Consell Consultiu asesora acerca de la legalidad de las
normas y está formado por profesionales de reconocido prestigio muy
serios que velan por el cumplimiento de la ley», añadió la delegada
del Gobierno.
Por su parte, el miembro de la Ejecutiva de Unió Mallorquina,
Ferran Trujillo, se mostró muy prudente a la hora pronunciarse
acerca de la decisión del Consell Consultiu. El concejal de UM en
el Ajuntament de Palma se limitó a indicar que espera poder
estudiar con detenimiento el texto para poder dar su opinión en la
ejecutiva que los nacionalistas celebran el próximo lunes.
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