Un grupo de juristas de Balears elaboró un informe sobre la gestión
de las competencias de los distintos centros de la tercera edad de
las Islas, en el que desaconseja, «por discriminatorio», la cesión
del Govern al Consell Insular de Mallorca (CIM) de las residencias
de La Bonanova, en Palma, de Felanitx y del centro base del
Imserso. La discriminación aludida en el informe se refiere a los
ciudadanos de Menorca y Eivissa, donde no existe residencias de las
características de las tres nombradas.
En cambio, el citado borrador, que no es vinculante, sí
considera «procedente» traspasar a la institución dirigida por
Maria Antònia Munar, los siete «llars» de la tercera edad de
Mallorca (5), y hacer lo propio en Eivissa (1) y Menorca (1). El
documento al que ha tenido acceso a este diario contradice las
tesis expuestas por otros estudios de similares características
elaborados por encargo del CIM, que consideran «perfectamente
válida» la exigencia de esa institución de gestionar todas las
competencias en materia de tercera edad.
El debate de fondo corresponde al nuevo modelo de política
social que defienden el Govern y el CIM, en vísperas de la
aprobación de transferencias de competencias en la materia antes de
que finalice el primer trimestre del 2000. El CIM ha insistido en
la necesidad de construir nuevas residencias en Balears para paliar
la falta de instalaciones, puesta de manifiesto ante la larga lista
de espera de beneficiarios.
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